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Viernes, 26 de Abril de 2024

Violenta emboscada de avasalladores atentó contra la vida de civiles, policías y periodistas

SOCIEDAD | 29 Oct 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- La comitiva de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), junto a trabajadores de haciendas en Guarayos, efectivos policiales y periodistas fue emboscada, retenida y torturada por más de siete horas, por un grupo armado de avasalladores de tierras.

El hecho se dio la mañana del jueves, en el municipio de Guarayos del departamento de Santa Cruz, cuando a denuncia de la Anapo de procedió a verificar el avasallamiento de tierras del predio agrícola Las Londras. En la comitiva estuvieron los periodistas Jorge Gutiérrez de El Deber; Silvia Gómez y Sergio Martínez de Unitel; Marcelo Egüez y Nicolás García de red Uno; Percy Suárez de ATB y Roger Ticona de PAT.

Luego de desbloquear las vías, que habían sido cortadas por los “loteadores”, el grupo ingresó a verificar los asentamientos en Las Londras, hasta que una docena de sujetos armados con escopetas y machetes salió del monte a atacar a la comitiva.

Disparos directos a los vehículos y a las cámaras de filmación fueron el primer paso para intimidar a los hacendados, policías y periodistas. Posteriormente se llevó a la gente a un galpón donde había aproximadamente 200 "interculturales" que comenzaron a ejercer tortura física y psicológica.

RELATO DE LA PRENSA

Percy Suárez, periodista de ATB que logró grabar el momento exacto en que los avasalladores comenzaron a disparar a la comitiva, relató que en las primeras horas se mantuvo a los rehenes cabeza abajo con golpes y pisotones en la espalda.

"Nos decían prensa vendida, preguntaban quiénes les trajeron, cuánto les pagaron, y nosotros explicamos que sólo hacíamos una cobertura de prensa", relató.

Los oficiales policiales fueron los más agredidos, incluso el coronel a cargo quedó desmayado, expuso Suárez.

Pese a los disparos, fue después, cuando permanecía cabeza abajo en ese galpón, que el reportero de la red ATB sintió temor por su vida.

"Ahí dije no sé si salgo de ésta, me puse a orar y a pedir perdón, porque no sabíamos si íbamos a volver. Fue bastante duro, fueron siete horas de dureza", contó Suárez aguantando las lágrimas.

El reportero también mencionó que tras las siete horas de tenerlos retenidos, el grupo comenzó a "tratarlos mejor" e incluso les dieron comida y agua de pozo no potable, porque el coronel hizo una llamada y el comandante departamental, con el altavoz activo, advirtió que si no los soltaban se iba a mandar un contingente de 500 efectivos policiales para ingresar a la zona.

"Nos hicieron firmar un papel para decir que no pasó nada, que nos trataron bien", concluyó Suárez, quien espera que se realicen las investigaciones del caso.

Por su parte, anoche, tras el arribo de la comitiva a la capital cruceña a las 23 horas, la periodista de la red Unitel, Silvia Gómez, aún compungida, relató que fue víctima de violencia y amedrentada como mujer por las mismas comunarias de la zona.

"Fue el peor día de mi vida, en tantos años de periodismo nunca imaginé vivir algo así, vi la muerte en segundos, dije yo regreso sin vida, me puse a pensar en mis hijos, en mi bebé chiquito que no lo iba a volver a ver", relató la reportera televisiva.

El camarógrafo de red Uno, Nicolás García, fue más afectado por las amenazas que recibió de parte de esa gente, que incluso hablaba de "colgarlo y quemarlo vivo".

“Me levantaron para preguntarme mis datos personales, me levanté y cada pregunta era un manazo, una patada, no me querían creer lo que yo les decía, no sé qué esperaban que yo les dijera, pero me amenazaron con echarme gasolina y prenderme fuego”, relató el joven camarógrafo.

BTV JUSTIFICA A LOS AVASALLADORES

La versión oficialista, desde los medios controlados por el Viceministerio de Comunicación, trata de poner en duda las agresiones a los periodistas.

El presentador y excandidato masista Pedro García, actual gerente de la gubernamental BTV en Santa Cruz, justificó los hechos, porque día antes hubo enfrentamientos entre ambas partes y por ello, Anapo fue "irresponsable" al llevar a los periodistas a la zona.

Según reporte del canal oficialista, el conflicto de tierras no responde a un "avasallamiento" porque el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) mantiene esa área de 98 mil hectáreas en disputa como tierras fiscales.

Finalmente, el dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Marcos Miranda, negó que su sector sea “avasallador” y rechazó las versiones de la prensa sobre la presencia de gente armada y encapuchada en el conflicto del jueves.

“Nosotros los campesinos, no somos de la cultura de la violencia”, remató.

CASO ABIERTO

El periodista Andrés Gómez lamentó los hechos de violencia y reflexionó sobre las siguientes acciones que se deben desarrollar desde el Gobierno, para desarticular a ese grupo irregular que ya opera en el oriente.

“Si el gobierno de Luis Arce no desarticula y detiene a los encapuchados armados que secuestraron por siete horas a un grupo de periodistas, quedará la sospecha de que son avasalladores masistas y gozan de la protección del Partido-Estado: el MAS”, manifestó en redes sociales.

Sobre el caso, el fiscal general Juan Lanchipa anunció que se activó la investigación desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en coordinación con la Policía y el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF), bajo las figuras penales de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, vía Twitter, expresó solidaridad con los periodistas y aseguró que estos hechos no serán tolerados.

"No vamos a tolerar situaciones similares, vengan de donde vengan, que pongan en riesgo la vida y los derechos de los bolivianos. Rechazamos enfáticamente la retención ilegal de periodistas por parte de grupos desconocidos en la región de Guarayos”, tuiteó. 

SE ADVIRTIÓ AVASALLAMIENTOS

El conflicto de tierras en el oriente del país se incrementó hace un año, desde la llegada al poder de Luis Arce.

En la última semana, la Anapo, mediante su presidente Fidel Flores, denunció la toma de los predios en Las Londras, en el norte integrado, por parte de esos grupos llamados interculturales que retiraron a la fuerza al personal que trabaja en dicho predio agrícola.

“Existe la preocupación de predios agrícolas vecinos, que en conjunto representan unas 20 mil hectáreas que están en peligro de ser tomadas por los avasalladores, las cuales se dedican a la producción de soya, principalmente”, expuso Flores el miércoles.

Precisamente ese día se produjo un enfrentamiento en la zona, donde hubo cruce de balas, que motivó la visita de la comitiva con presencia de la prensa nacional.

El caso fue advertido a principios de mes por la institución productiva, mediante un pronunciamiento dirigido al Gobierno.

“El avasallamiento es un delito y debe ser tratado como tal por las autoridades, independientemente que el predio esté en proceso de saneamiento o titulado. Por mandato legal, toda persona que avasalla tierras, así como sus cómplices y encubridores no pueden ser beneficiados con tierras fiscales por el Estado”.

//@VisorBolivia//

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