Renatto Cafferata, 11 años encarcelado pidiendo justicia

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SEGURIDAD | 30 Oct 2021

Cafferata ganó cuatro Amparos y dos Resoluciones constitucionales, nadie la ejecuta. Los operadores de justicia incumplen la ley

ANF.- Renatto Cafferata Centeno, ciudadano peruano, cumplirá en enero 11 años privado de libertad en la cárcel de Palmasola luego de que fuera sentenciado a 30 años de prisión por la muerte de su enamorada, en un juicio maratónico plagado de vicios procesales –y conjeturas judiciales- que pese a ser admitidas posteriormente y emitirse un fallo para un nuevo juicio, es incumplido por las autoridades judiciales.

Tortura, extorsión, pérdida de pruebas en la etapa de investigación policial; denegación para ofrecer pruebas, coacción para prestar declaración, restricción indebida del derecho a la defensa, denegación de producción de pruebas extraordinarias, defectuosa aplicación de la ley y valoración imperfecta de la prueba, sumado a la xenofobia judicial, son algunas de las irregularidades cometidas contra Cafferatta por jueces y fiscales del distrito de Santa Cruz que durante todo el proceso solo mostraron prisa por tener a un culpable, del sangriento crimen.

Estas vulneraciones, cinco años más tarde de la sentencia condenatoria, fueron reconocidas por el Tribunal Constitucional en un fallo que determinó un nuevo juicio para Cafferata. Pese a que de acuerdo a ley las sentencias constitucionales son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, ningún tribunal la quiere cumplir, lo que pone en duda la calidad y seriedad del sistema de justicia boliviano, que desde siempre mostró falta de independencia y prestigio, absorbido por la corrupción.

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha identificado, de manera reiterada, “la falta de independencia de la justicia de los poderes políticos y económicos en todos los niveles y la corrupción de la justicia como graves problemas estructurales y de larga data”, se lee en el reciente informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) realizado sobre Bolivia.

La Sentencia Constitucional determinó que Cafferata fue coaccionado a prestar declaración, no obstante existir certificación médica forense que acreditaba su delicado estado de salud y recomendaba su internación inmediata; hizo evidente que el Tribunal que llevó el juicio actuó con “excesivo formalismo y marcada arbitrariedad y abuso respecto a sus atribuciones procesales”; que se le denegó la producción de prueba extraordinaria, entre otros puntos.

Desde entonces, transcurrieron otros cinco años de trámites en las máximas instancias de la justicia boliviana, en un círculo vicioso extractor de tiempo y dinero, en las que Renatto Cafferata ganó cuatro Amparos y dos Resoluciones, para el cumplimiento de la sentencia constitucional, que hasta la fecha son incumplidas por funcionarios de tribunales subalternos. A este sistema caótico se suma que la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, al conocer el caso de incumplimiento, lo minimizó.

Durante los 10 años y 10 meses, que lleva detenido, todos los recursos presentados por Cafferata y sus abogados en busca de justicia y el esclarecimiento de los hechos, en el marco de lo que exige el sistema de justicia penal, fue objetado y rechazado. El interminable proceso plagado de obstáculos y piedras en el camino, solo constituye, para Cafferata, como señaló, “un inmenso desgaste económico, físico y moral”.

Un sistema que fabrica culpables

Desde el momento en que fue detenido por la policía, Renatto Cafferata fue tratado como culpable y como una oportunidad para obtener dinero fácil. Incomunicado de su familia y un abogado, Cafferata fue torturado por cinco policías para que se declare culpable. La familia denunció el delito cometido por los efectivos ante el juez, con fotos que mostraban el daño ocasionado, pero no fue tomado en cuenta. El Instituto de Investigación contra la Tortura (ITEI) denunció, hace unos días, que esta práctica de invisibilización de la tortura es frecuente en el sistema de justicia.

El día en que Cafferata fue aprehendido, su familia fue impedida de ingresar a verlo en el predio de la policía anticrimen, pero un efectivo salió al encuentro de ellos para decirles: “a su hijo lo están acusando por asesinato, entregue 10.000 dólares para que sea acusado por homicidio y luego arreglan”.

El día y momento del ataque mortal a su enamorada, Cafferata no se encontraba en el lugar de los hechos, sino en una agencia bancaria junto a una pareja de amigos. El asesor del banco en su declaración corroboró esa versión. Al salir del banco se encontró todavía con otra persona.

Al llegar a la casa de su enamorada, Cafferata vio salir a dos sujetos y encontró a su novia en el piso, herida de muerte. Reconoció a los sujetos con quienes su enamorada tenía una deuda. Luego ingresan los familiares de la víctima a la casa y culpan a Cafferata del hecho, quien es detenido por la policía.

Las pericias científicas realizadas liberan de responsabilidad del crimen a Cafferata. Las huellas encontradas en la escena del crimen son de zapato y dos tallas más grandes a las de él que ese día portaba zapatillas.

Las pericias al cuchillo recolectado en la escena del crimen, con el que fue apuñalada la víctima, resultaron negativas. No había ningún rastro biológico que determine que Cafferata utilizó el objeto.

En la cartera de la occisa había una carta escrita en portugués con fecha 27 de diciembre 2010, que era de su concubino, el padre de su hijo, preso por narcotráfico en Brasil.

En este proceso de investigación, el policía Kent Ortiz Monrroy “pierde” pruebas fundamentales que favorecen a Cafferata: una mochila negra en la que había dos celulares incautados, las uñas de la occisa que tenían que ir a un laboratorio para determinar si tenían piel, de la persona que la atacó. Por este hecho el policía solo fue castigado con cuatro días de arresto.

Los cambios de fiscales en este proceso también se hicieron frecuentes que, en lugar de investigar los hechos con seriedad, se dedicaron a pedir dinero.

“Conocimos al fiscal Francisco Núñez del Prado, nos aconseja que hablemos con el fiscal Jorge Tamayo, fuimos a su oficina, nos hizo esperar, y luego de tanta espera, envió a un asistente a decirnos que pagáramos 20.000 dólares porque nos íbamos a Juicio Oral”, se lee en una de las denuncias interpuestas por la familia, que nunca fue investigada por el Ministerio Público.

El presunto autor visto por Cafferata cuando el 11 de enero de 2011 salía de la escena del crimen, fue detenido por otro caso, al tomar cuenta de ello la Fiscalía le toma su declaración en el caso Cafferata. La defensa pidió el desfile identificatorio, pero la fiscal del caso se opuso y entorpeció la investigación. Hoy la declaración de posible autor del hecho desapareció.

El Tribunal Quinto de Sentencia Penal en el que se llevó el juicio prohibió que se entregue al abogado el cuadernillo de acusación del Ministerio Publico para empezar la defensa. Fijó una audiencia de Juicio Oral con la misma fecha y hora que la audiencia de Cesación a la detención preventiva de Cafferata. El Tribunal suspendió a los dos abogados de Cafferata, al no acudir a la audiencia de juicio Oral, y nombró una abogada de oficio que le dio 24 horas para preparar la defensa, en base a 1.000 hojas del proceso, que incluso incumplió. Al día siguiente instalan la audiencia y en menos de 24 horas Cafferata es sentenciado a 30 años de prisión sin lugar a indulto.

“El Tribunal Quinto de Sentencia Penal estaba muy apurado en sentenciar, nunca tuvo intención de escuchar por lo menos al final del Juicio Oral, permitir que Renatto declarare qué fue lo que sucedió el 15 de enero 2011”, se lee en el testimonio de la familia.

En la apelación a la sentencia, el vocal relator anuló todo el proceso y ordenó regrese a fojas cero, en una audiencia pública donde fueron notificadas todas las partes y el fiscal, sin embargo, el proyecto del vocal relator se “pierde”, no figura en los cuerpos del proceso, por lo tanto, el proyecto no existe.

Este tipo de prácticas en el sistema judicial boliviano es común. Como ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional el juicio en rebeldía establecido en procesos por corrupción, por lo que ninguna persona podrá ser juzgada y sentenciada en su ausencia. Sin embargo, meses después el presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco, dijo que el fallo no existe, pese a que hay el documento rubricado por todos los magistrados, porque no fue notificado. “En cuanto no se produzca una notificación, todas las causas siguen en trámite”, dijo el funcionario.

Tras la sentencia condenatoria, Cafferata inició un trámite en las esferas supremas de la justicia que resultó ser mucho más morosa y extorsiva. Fallos que demoran años en salir y que en niveles subalternos nadie respeta. En febrero de 2016 Cafferata consigue un fallo favorable del Tribunal Constitucional que pide un nuevo juicio para él, pero no es ejecutado hasta la fecha.

En cinco años más de procesos y trámites judiciales que solo consumen tiempo, dinero y la vida de las personas, Cafferata ganó cuatro Amparos y dos Resoluciones constitucionales que demandan se cumpla la sentencia constitucional de febrero de 2016. Nadie la ejecuta. Los operadores de justicia incumplen la ley.

El reconocido jurista chuquisaqueño, Germán Gutiérrez, dijo en una anterior entrevista que los funcionarios judiciales, sometidos al poder político y corrompidos en sus valores y principios, “empiezan a perder todo nivel de respeto y consideración a la dignidad humana, y por lo tanto no les importa que esa persona a la cual están juzgando la metan a la cárcel de manera justa o injusta, porque lo que ellos ven es su beneficio propio, su beneficio personal”.

Desde el año 2012 Cafferata junto a sus abogados y su familia han venido denunciando a los policías de escena del crimen, fiscales, jueces, vocales, además de magistrados, por incumplir la ley y solo pedir dinero para emitir un fallo.

“Es una vergüenza litigar como extranjero en un tribunal hostil, desvergonzado, teniendo como juez a un abogado que se burla de las leyes y de la Constitución –como es Ademar Rueda Esquivel- que a todas luces ha manifestado no respetar lo ordenado desde el año 2016 por el Tribunal Constitucional”, manifestó Cafferata en su testimonio.

Académicos y especialistas en el tema lamentan que el sistema judicial boliviano haya “caído tan bajo” y constituya actualmente una “vergüenza para el país”, y en consecuencia una amenaza para toda la sociedad.

//FUENTE: ANF//