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Miércoles, 18 de Mayo de 2022

Escribe Maggy Talavera

Marchas y contramarchas en la lucha contra el Covid-19

OPINIÓN | 23 Ene 2022

Si hay algo que ha marcado la lucha contra el COVID-19 en Bolivia, entre otras acciones a ser observadas, ha sido la improvisación en la toma de decisiones de las autoridades responsables en los tres niveles de gobierno, a la que se suma con un peso realmente contraproducente la apuesta del gobierno central de concentrar y centralizar absolutamente todas las decisiones y tareas vitales para enfrentar la pandemia.

Aunque bien podríamos invertir el orden: primer problema, la concentración en el nivel central de las decisiones; y segundo gran problema, la improvisación vista en el gobierno central y en los gobiernos departamentales y municipales.

La marcha y contramarcha vistas en el tema del carné de vacunación, que pasó de ser un documento obligatorio para realizar cualquier trámite en instituciones públicas o privadas, a no serlo en cuestión de semanas, es apenas uno de muchos ejemplos.

La obligatoriedad del carné ya fue fruto de la improvisación. ¿A qué autoridad se le ocurre anunciar en vísperas de las fiestas de fin de año que tal documento será de presentación obligatoria a partir del primer día del nuevo año? ¿No debió estar incluido ya desde el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19, lanzada en 2021, como requisito para 2022? Claro que sí, pero no fue así por una sencilla razón: el gobierno central no logró articular, desde el inicio de la pandemia, un plan nacional de lucha contra el nuevo coronavirus.

Y no logró, o no quiso hacerlo, también por otra razón evidente: no estaba dispuesto a diseñar un plan nacional en concertación con los gobiernos departamentales y locales, y con las instituciones públicas y privadas que trabajan en Salud. Quiso concentrar todas las decisiones, todas las acciones, al punto de obstaculizar soluciones de emergencia demandadas por la pandemia, como fue en su momento la provisión de oxígenos, luego la contratación extraordinaria de personal de Salud para pacientes COVID-19 y, finalmente, la adquisición y distribución de las vacunas contra el virus. El retraso en el funcionamiento del Hospital de Montero, así como en la firma de contratos y pago de salarios al personal médico para atención exclusiva de pacientes COVID, son pruebas de esas trabas que, vaya a saber uno, cuántas vidas se han cobrado.

En el tema de las vacunas hay muchísimos más ejemplos. El más reciente es el retraso absurdo en el inicio de la aplicación de un importante lote de vacunas Modernas recién llegadas al país, como se verificó en Santa Cruz, entre otros departamentos, solo porque no llegaba al Sedes respectivo el famoso instructivo del Ministerio de Salud. Ni este ni los otros obstáculos señalados líneas arriba han sido anulados, pese a la evidente urgencia que existe de descentralizar y desburocratizar estas medidas, para corregir entuertos y optimizar la lucha contra el COVID-19.

Entuertos y absurdos repetidos en los otros niveles de gobierno, como el desencuentro evidenciado en Santa Cruz hace algunas semanas cuando el Municipio de Santa Cruz de la Sierra dispuso flexibilizar las restricciones de circulación, ignorando las medidas dispuestas apenas unas horas antes por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, del que es parte.

Por si acaso, solo como apunte, medidas de restricciones para circular también absurdas, porque no han hecho otra cosa que definirlas sobre un horario que, de hecho, es ya de baja circulación: de nueve de la noche a cinco de la madrugada. A estas podemos añadir algunas más, como la anunciada a finales del año pasado prohibiendo las fiestas de promoción, graduación y fin de año, mismas que se realizaron como si nada, muchas de ellas incluso con autorización oficial de las reparticiones públicas.

Medidas, además, que no han alcanzado a los sectores o lugares de mayor peligro de contagio, no solo por la cantidad de personas que movilizan o circulan por ellos, sino por ser los que menos respetan las medidas de bioseguridad: mercados, ferias, transporte público, locales nocturnos, entre los más notorios.

Todo esto sin contar la campaña de los antivacunas, entre los que pudimos ver incluso a autoridades y funcionarios públicos, nada menos que los llamados a dar ejemplo de responsabilidad y consecuencia en la lucha contra el COVID-19. Todo un conjunto de acciones desacertadas, de marchas y contramarchas que no han permitido, repito, diseñar e implementar una campaña integral de lucha contra un virus que ha trastocado por completo nuestras vidas, no solo en lo laboral y empresarial, sino también -y dejando heridas y secuelas profundas- en la salud mental y emocional de los bolivianos.

Una asignatura pendiente que deberá ser encarada con urgencia, como la campaña de vacunación, dado los efectos ya vistos sobre todo en dos estratos de la población: los mayores de 70 años y los niños y adolescentes, en los que se evidencia el aumento de casos de depresión, angustia y ansiedad. Un tema al que volveremos el próximo domingo.

//*MAGGY TALAVERA ES PERIODISTA Y DIRECTORA DE PERIODISMO SIN PHOTOSHOP//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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