Escribe Carlos Armando Cardozo

Legalidad y sentido común

Escribe Carlos Armando Cardozo

OPINIÓN | 4 Mar 2021

En nuestro país la clase política tiene la mala costumbre de utilizar las leyes como un manto protector y a la vez como revitalizador de imagen frente a la sociedad. El término “legal” como cualidad de cualquier acción acorde o conforme a las leyes vigentes preestablecidas parece ser la mayor de las preocupaciones a la hora de tomar decisiones en la administración pública.

Conforme se identifican problemas o demandas sociales las leyes surgen casi por inercia y la sociedad reacciona favorablemente, por un tiempo, una vez el malestar vuelve a exacerbarse la demanda social recobra protagonismo. La primera respuesta del Estado es promulgar leyes, dichas leyes pueden o no tener sentido práctico sin embargo gozan de una validación intrínseca innegable en el ciudadano de a pie, en medicina hablaríamos de un “efecto placebo” un truco que nuestra mente se juega a sí misma.

El despido masivo de funcionarios de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) bajo criterios tan obtusos y básicos como caracterizarlos de “diplomáticos de narices respingadas” podrá gozar de la legalidad a priori sin embargo son totalmente injustificables desde el sentido común. Para empezar la función de la diplomacia requiere de una formación especializada para iniciar, estrechar, negociar y consolidar líneas de interés mutuo con otros países.

Pasando en limpio, son operadores comerciales que tantean mercados y estrechan lazos que permitan a los países entenderse y complementarse a través del comercio ¿por qué el comercio? Justamente porque el comercio es la actividad por excelencia que enarbola el imperio de la paz por sobre todas las cosas, el estrechar lazos comerciales genera intereses entre países que vinculan pueblos y los inspiran a cooperar unos con otros para sostener y ampliar el mutuo beneficio. Ese clima de paz es imprescindible para resolver futuros conflictos entre partes vía negociación efectiva.

Sin embargo, el canciller Rogelio Mayta, perdido en su ignorancia, mantiene una visión particular donde la representatividad social del diplomático es fundamental para realizar una misión efectiva en materia de relaciones internacionales, siguiendo la retórica “andino centrista” que profesa el propio vicepresidente David Choquehuanca.

Similar situación fue denunciada esta semana nada más que en el Banco Central de Bolivia (BCB), una entidad autárquica encargada de llevar adelante la política monetaria del país despidió más de una docena de gerentes y profesionales especializados en puestos jerárquicos. Así como la Cancillería requiere de personal formado y altamente capacitado, el Banco Central de Bolivia por la naturaleza de su labor requiere de personal altamente capacitado sino también con experiencia que le permita desarrollar un trabajo por demás minucioso y preciso.

Lamentablemente el presidente “interino” del BCB, Roger Edwin Rojas Ulo, es muestra clara del manoseo político de la entidad, un interino en una posición clave en materia de política monetaria somete su juicio a los caprichos de quien le otorgo “la pega”, en este caso el titular del ministerio de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro Gómez o el propio presidente de la República, Luis Arce Catacora.

La respuesta del BCB consultado por Brújula Digital sobre los motivos que los llevaron a desvincular al personal jerárquico es insuficiente; salió del paso nuevamente apelando a la legalidad de su accionar: “algunos profesionales estaban la figura de libre nombramiento conforme a la Ley 1178 - Estatuto del Funcionario Público mismos que no están sujetos a la carrera administrativa, al resto no se le renovó el contrato luego de su cumplimiento debido al recorte presupuestario determinado en la ley del Presupuesto General del Estado”.

Nuevamente la “legalidad” se impone al sentido común, cuando mayor certidumbre se debe proyectar como país a través de sus instituciones más importantes como la Cancillería o el propio Banco Central de Bolivia, improvisamos funcionarios para cumplir con las cuotas de pega de las corporaciones sociales. Interinatos que demuestran una inestabilidad para gestionar la política monetaria del país, con un cordón umbilical político que lo comanda desde el Ministerio de Economía de Finanzas y Despacho Presidencial.

Solo en este país sentido común y administración pública no pueden coexistir en la misma oración.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA ES ECONOMISTA, MÁSTER EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN LOZANÍA//

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