Defensores de la democracia marchan en favor de militares y policías procesados por el MAS

Activistas de DDHH reunidos desde la tarde en el atrio de la UMSA / RRSS

POLÍTICA | 2 Abr 2021

En horas de la noche, la movilización ciudadana llegó a puertas del penal de San Pedro de La Paz

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Inédito. Así fue el mitin que se desarrolló este viernes, feriado de Semana Santa en Bolivia, con la movilización del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), en apoyo a los militares y policías encarcelados por el gobierno de Luis Arce, bajo acusaciones de “golpe” y “masacre” en 2019.

La "marcha por la libertad" encabezada por el CONADE tuvo el acompañamiento de los militares en servicio pasivo, esposas de policías, activistas de derechos humanos y grupos civiles que desde 2016 se manifiestan bajo el rótulo de “Bolivia dijo No - 21F”. La consigna ahora es negar las sindicaciones del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la frase “No fue golpe, fue fraude”.

Otras determinaciones de la marcha fueron el pedido de liberación de los detenidos indebidamente procesados, la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria y la abrogación de la Resolución Ministerial 068 que autorizó el trasladado del mercado de coca en La Paz.

El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (SIRMES), Fernando Romero, pidió al mandatario Luis Arce a acabar con la persecución y optar por el diálogo y “la justicia justa”, que respete el debido proceso contra todos los detenidos por el caso de supuesto “golpe”.

En horas de la noche, la movilización ciudadana llegó a puertas del penal de San Pedro de La Paz, donde también se encuentran dos exministros de la expresidenta Jeanine Áñez y el exdirector de Migración, Marcel Rivas, que es el primer procesado en el gobierno del MAS.

Las Fuerzas Armadas y el Comando Policial son acusadas por el MAS de haber sido parte del “golpe” a Evo Morales en 2019, pero también se los acusa por las llamadas masacres de Senkata y Sacaba, donde murieron 36 personas que salieron a protestar contra la presidenta Jeanine Áñez.

En ese marco ya se dictó detención preventiva al excomandante de la División Mecanizada del Ejército, general Franko Suárez Gonzales, y también el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), general Luis Fernando Valverde Ferrufino, este último por la investigación del caso Senkata.

Del caso Sacaba también recibieron medidas sustitutivas y fianza de Bs 200 mil el excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, el excomandante departamental de Cochabamba, coronel Jaime Zurita, así como el exgeneral de las Fuerzas Armadas, Alfredo Cuéllar, detenido desde 2020.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) ya había manifestado su respaldo a los uniformados, pues considera que procesarlos por los hechos de noviembre de 2019 en lo que el Gobierno quiere hacer ver como un “golpe de Estado” no corresponde.

La institución presidida por la octogenaria activista Amparo Carvajal también hizo un llamado para que se instalen espacios de diálogo y pacificación, porque la escalada de conflictos en Bolivia tiende a incrementarse, como sucede con los enfrentamientos entre sectores cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz.

“El diálogo se tiene que manejar con responsabilidad y protección de los derechos humanos de todos los bolivianos, independientemente de su posición política ideológica, profesión, género”, cita un pronunciamiento de la APDHB.

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