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Viernes, 16 de Noviembre de 2018

COCHABAMBA Y ORURO PARAN MAÑANA, POTOSÍ EN CUARTO INTERMEDIO Y EL ALTO ALERTA

Morales dio un año para debatir y analizar el Código del Sistema Penal. Sectores movilziados rechazan su oferta

POLÍTICA | 15 Ene 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Los comités cívicos de cada departamento van desarrollando paros escalonados exigiendo la abrogación del Código del Sistema Penal. Mañana será el turno de Cochabamba y Oruro, mientras Potosí declaró cuarto intermedio en sus movilizaciones.

El Comité Cívico de Cochabamba determinó asumir el paro para este martes y su convocatoria será acatada además por la Alcaldía de Cercado y la Universidad Mayor de San Simón.

El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, en conferencia de prensa dijo que los ediles “no pueden quedar ajenos al clamor popular” que exige la abrogación de la Ley 1005 y también el respeto al voto del 21 de febrero de 2016 que negó en referendo la modificación constitucional para la reelección indefinida. Por ello, el municipio y sus trabajadores pararán actividades este martes.

La UMSS a su vez, lanzó un comunicado con diez observaciones a artículos y disposiciones del Código del Sistema Penal que advierten criminalizan la actividad y los derechos humanos, además de ir en contradicción a la Constitución Política del Estado.

“Se debe trabajar en la elaboración de un nuevo Código, que resulte del aporte de expertos en la materia, a objeto de adecuar su contenido a la Constitución Política del Estado y Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos”.

En Oruro fue la Coordinadora Interinstitucional la que convocó al paro de 72 horas con bloqueo de caminos.

El dirigente y presidente del Transporte Departamental, Javier Quiroga, en declaraciones a Fides, rechazó la propuesta del mandatario Evo Morales de dar un compás de espera y debate del CSP durante un año, pues considera que esa medida solo pretende distraer a la población y desactivar las movilizaciones nacionales.

Morales había anunciado temprano, luego de su reunión con los dirigentes aliados de la Coordinadora por el Cambio (Conalcam) que el Código del Sistema Penal no entraría en aplicación durante un año, a partir de hoy, hasta que se hagan las consultas a los movimientos sociales, agrupaciones sociales y grupos de profesionales.

“A partir de este momento nos damos plazo un año para socializar, para debatir los artículos cuestionados por los movimientos sociales o por grupos de profesionales o algunas preocupaciones de cualquier sector social, y si de verdad algún artículo afecta a algún sector social, estamos dispuestos a modificar o perfeccionar la redacción correspondiente”, declaró en Palacio de Gobierno.

El primer rechazo surgió desde la Federación de Juntas Vecinales de El Alto encabezada por Raúl Canaza, durante el paro vecinal de este lunes que resultó parcial en esa urbe.

“Si el día de hoy no somos escuchados, no descartamos entrar a un paro indefinido y en huelgas de hambre en la ciudad de El Alto, ya que varios departamentos del país se están sumando a las movilizaciones”, dijo el dirigente de la Fejuve “contestataria”.

En El Alto también se manifestó la Universidad Pública - UPEA, según se dio a conocer esta tarde en un pronunciamiento que exige la abrogación del CSP, el respeto a la democracia, el rechazo a la represión que sufrieron los estudiantes de la UMSA, además de su pedido sectorial de mayor coparticipación tributaria.

Finalmente, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) determinó un cuarto intermedio en sus movilizaciones tras haber convocado a un paro indefinido el fin de semana.

El titular de Comcipo, Jhony Llalli, dijo que el cuarto intermedio se sostendrá hasta el encuentro nacional del jueves en el valle con los representantes de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Santa Cruz paró el viernes luego de una década de silencio cívico. Tarija y Beni se mantienen movilizados, mientras en La Paz son los colectivos ciudadanos y militantes de la oposición quienes cada día salen a marchar, incluso llegando cerca del domicilio del vicepresidente Alvaro Garcia en la residencial zona de Achumani, donde el funcionario tiene una mansión junto a su esposa, la expresentadora de televisión, Claudia Fernández.

Ante todo este panorama, Morales niega que exista algún tipo de convulsión social por el Código del Sistema Penal y reitera que en Bolivia “lo que existe es una conspiración” contra su régimen.

//@VisorBolivia//   

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