Siete muertos y 77 heridos en 5 años de pugna MAS-Adepcoca

Foto agencias

POLÍTICA | 12 Jul 2021

El fin de semana pasado se registró el deceso de un policía y dos personas fueron secuestradas por horas en Coripata

PÁGINA SIETE.- Las imágenes fueron insólitas, casi de película. El hecho se registró la tarde del pasado sábado 3 de julio en el municipio yungueño de Coripata, en La Paz. A lo largo de una calle, de dos grupos de cocaleros separados por unos 150 metros, se observa a dos parejas acercarse hacia el centro. De un lado, un hombre lleva del brazo a otro que tiene la ropa terrosa; del otro, dos mujeres, la más baja sostiene a la otra por detrás. Intercambian rehenes.

Fue el más reciente capítulo del conflicto por quién controla la coca de los Yungas, que terminó con violencia y muerte. Una pugna que tiene más de cinco años y cuyos protagonistas centrales son los miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), la dirigencia paralela y el gobierno del MAS.

Entre 2018 y 2020 hubo 10 situaciones violentas en inmuebles: quema de domicilios particulares y de sedes, de equipos electrónicos, de muebles y rotura de vidrios, reporta la Defensoría del Pueblo. En tanto que desde 2017 hubo al menos 44 detenidos, 77 heridos (entre ellos 13 policías y dos periodistas) por enfrentamientos, represión de marchas, manipulación de dinamita o por proyectil y siete muertos (dos policías y cinco civiles).

Página Siete pidió y contrastó estos datos del Ministerio de Gobierno, la Defensoría, Adepcoca y de la Fundación UNIR Bolivia.

El sábado 3 de julio, la directiva de Adepcoca controlada por Elena Flores convocó en el estadio municipal Ramiro Castillo a una asamblea denominada “de la unidad” para elegir a un comité electoral.

Los problemas se dieron luego de que -cuenta el periodista Reybi Flores de FM Bolivia- cocaleros afines a la Adepcoca orgánica de Armin Lluta retuvieran un bus -ya vacío-de los seguidores de Flores, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). La mujer del intercambio de rehenes era la esposa del chofer.

En otro video de FM Bolivia del mismo sábado, pero de más temprano, se ve al el rehén del intercambio con una marca de sangre en la frente. Está en una cancha. Durante más de 10 minutos y mientras está de rodillas lo obligan a dar nombres de quiénes estuvieron detrás del secuestro de la flota y de dirigentes de Lluta. “Yo ya soy una persona mayor, no puedo resistir más golpes”, dice al final.

La Policía intervino. El saldo de la jornada fue la muerte del cabo Miguel Ángel Quispe Nina, cocaleros heridos y dos detenidos. Las circunstancias de los hechos aún se investigan.

Pugnas de poder
En su oficina en la sede de Adepcoca en Villa Fátima, Salustiano Mamani recuerda que sólo en lo que va de marzo a julio de 2021 llegaron alrededor de 26 cocaleros, todos lastimados. “Hubo gente con costillas rotas y tremendas heridas, ha sido muy crítico. No queremos que esto se repita”, afirma Mamani, quien es encargado de la comisión de Salud.

Aparte de la gente lesionada y fallecida, tras cinco años de pugnas hay dirigentes enfrentados, presidencias paralelas y acusaciones cruzadas respecto a la legitimidad de cada bando.

En lo único que coinciden los cocaleros que se enfrentan por el poder es que Adepcoca no es -o no debiera ser- una organización ligada a la política, por estatuto. Sin embargo, los seguidores del actual directivo Armin Lluta, sucesor de Franclin Gutiérrez, denuncian que el Gobierno intenta controlar a la asociación mediante una dirigencia paralela.

“El Gobierno sí o sí quiere estatizar a nuestra organización, quiere administrar, cosa que los yungueños, los productores de hoja de coca, no vamos a dejar para nada”, dice Mamani.

Lluta fue elegido presidente el 14 de diciembre de 2020. Sin embargo, la Resolución Constitucional 197/2020 de 21 de diciembre del año pasado dejó sin efecto ese acto y reconoció más bien a Elena Flores, identificada como afín al MAS, como ejecutiva de Adepcoca hasta el 31 de julio próximo.

El estatuto de la organización, en su artículo 28, dice que la duración de la junta directiva es de dos años. Y el 31 de julio de 2019, en la zona paceña de Chuquiaguillo Flores fue elegida para lo que la gente de Gutiérrez y Lluta denominan “dirigencia paralela” de esa asociación, pues no la reconocen como presidenta.

“Nosotros de ninguna manera vamos a permitir que el Gobierno intervenga nuestra organización. Nosotros somos dueños legítimos y esto es privado”, afirma desde la oficina de la Adepcoca paralela en Kalajahuira el dirigente Ronald López, secretario de Comercialización del directorio de Flores.

Un tercer mercado, ¿sí o no?

Cuando corrían cuatro meses del primer gobierno de Evo Morales, líder cocalero del Chapare, hubo un intento de establecer un nuevo mercado que se sumaría a los dos que ya funcionaban en ese entonces en el país: el de Sacaba en Cochabamba y el de Adepcoca en Villa Fátima, La Paz. El 20 de mayo de 2006, Morales hizo el anuncio en Caranavi. Sin embargo, pasaron tres días convocó a los dirigentes de Adepcoca, que se habían manifestado en contra, a una reunión para evitar conflictos.

Finalmente, el 16 de junio de ese año -mediante la Resolución No 112/06 del Ministerio de Desarrollo Rural-Agropecuario y Medio Ambiente-, se aprobó el “Reglamento de circulación y comercialización de la hoja de coca en su estado natural” en el que se afirma que los dos únicos mercados legales son los de Sacaba y Adepcoca Villa Fátima. Esa disposición está refrendada en la Ley general de la coca de 8 de marzo de 2017.

No obstante, con la Resolución Ministerial 068 del 25 de febrero de 2021, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras autorizó el traslado del mercado de Villa Fátima a ambientes del Sindicato Mixto de Transportes “Señor de Mayo” en Kalajahuira. Y ésa es una de las causas por las que el conflicto se reactivó en estos últimos meses.

Ni para la dirigencia de Flores ni para la Defensoría del Pueblo se trata de un tercer mercado que contravenga lo que dicta el Reglamento de 2006 y la Ley de la Coca. Pero para los seguidores de Lluta, productores y comercializadores de coca en Villa Fátima, sí lo es. “El mercado paralelo lo han llevado a Chuquiaguillo, luego al hospital y ahora está en Kalajahuira”, dice la coripateña Juana Churata (48) quien trabaja en la producción de coca desde los 10 años y ahora vende en Villa Fátima.

Incluso en una primera instancia el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el diputado Andrés Flores, ambos del MAS, cuestionaron la determinación del Ministerio de Desarrollo Rural. “De acuerdo a la ley, son sólo dos mercados, Sacaba y Villa Fátima, de Adepcoca”, dijo Rodríguez el 29 de marzo a Brújula Digital.

En el documento “Análisis de la Resolución Ministerial N° 068/2021” la Defensoría da cuenta incluso de una resolución previa del mismo ministerio, la número 025 de 25 de enero de este año, según la cual el mercado de Villa Fátima primero debía ir a El Alto. La resolución “tiene su génesis en una solicitud efectuada por Adepcoca (de Elena Flores) para el cambio de la ubicación de su mercado; es por ello que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras autoriza el cambio de ubicación y NO así la creación de un nuevo mercado (sic)”, se lee en el documento,

Lo cierto es que en la práctica actualmente en La Paz se comercializa la hoja de coca que llega de los Yungas en dos lugares: Villa Fátima y Kalajahuira.

Conflicto por la coca

- Coca La Ley de la Coca (2017) autoriza en La Paz una superficie total de hasta 14.300 ha y en Cochabamba hasta 7.700 ha. Los productores yungueños creen que su coca “tradicional” no debe ser          restringida.

- Cárcel. El entonces presidente de Adepcoca Franclin Gutiérrez estuvo preso entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 acusado de participar en una emboscada en La Asunta en la que falleció un policía.

      Elena Flores, presidenta de la Adepcoca paralela, también estuvo en la cárcel entre marzo y octubre de 2020; se la acusó de tomar el hospital cocalero.

Fue como frente a las subnacionales

Adepcoca perdió en 4 municipios yungueños

En las elecciones municipales 2021, la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) participó como sigla en los municipios yungueños de Chulumani, Irupana, Coroico y Coripata. En todos esos lugares el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó la Alcaldía. Para el politólogo Julio Ascarrunz esto significa de alguna manera que la Adepcoca orgánica todavía mantiene la dificultad de aterrizar su liderazgo social y sectorial en términos electorales.

“Por otra parte, y debido al contexto de conflicto, este escenario la pone en la disyuntiva entre mantener el camino de la política electoral o retornar a la representación social y la política no formal e intermitente”, apunta Ascarrunz.

Añade que Adepcoca como fuerza electoral mostró un rendimiento menor al que esperaban, dado su arraigo en los municipios en los que participa. “En Coroico y Coripata terminó en tercer lugar de la votación (que le alcanzó para lograr concejalías), en Irupana acabó cuarto, y en Chulumani llegó en sexto lugar. Por encima de la organización quedaron partidos como Jallalla o MPS (Movimiento por la Soberanía)”.

Para el dirigente Salustiano Mamani, de la Adepcoca orgánica, mucho influyó en los municipios citados la dispersión del voto al haber varias candidaturas, pero, sobre todo, el condicionamiento desde el Gobierno central durante la campaña. “El MAS chantajeaba con los proyectos: ‘ganamos y al siguiente año tienes tu tinglado, tu cancha sintética, tu sede’ y la gente no es analítica”, dice.

El 11 de abril de 2018 el entonces viceministro de Coca, Froilán Luna, dijo: “Les vamos a dar un castigo a esos que se han rebelado contra nosotros, no van a ir proyectos”, según informó Opinión. Una semana antes, miembros de Adepcoca en Coripata, La Asunta, Irupana y Chulumani habían pedido la renuncia de alcaldes del MAS.

El 1 de julio de 2021 el presidente, Luis Arce, dijo en un acto en Chulumani: “Si los Yungas se han pintado de azul, azul van a venir las obras”, haciendo referencia al color de su partido y a la victoria en las subnacionales.

Punto de vista

Alison Spedding - Antropóloga

“ El MAS arma las paralelas”

Cuando se estableció el mercado de Adepcoca resultó necesario ser afiliado a una comunidad campesina para que pudieras acceder a ese mercado. Es decir, los productores campesinos ya pasaban a controlar el primer eslabón de la cadena de comercialización de esas regiones productoras hasta la ciudad de La Paz.

Luego, en 2006, con el Reglamento de comercialización de la coca apareció la figura de productor con carpeta al detalle, que ya podía comercializar la coca al interior del país. Pero aquí viene el quiebre. Porque aunque muchos dicen “queremos llevar del productor al consumidor”, no es factible; es medio mes con la coca en un lugar distante y (tratar) de manejar la producción a la vez. Los propietarios son personas ya descampesinizadas o en proceso de descampesinización.

Este proceso se ha cruzado con la nefasta ambición del MAS, la idea de que todos los movimientos sociales deberían alinearse con el Gobierno. Bueno, en el primer gobierno del MAS todos estaban muy felices y las organizaciones lo apoyaban. Pero con el desgaste inevitable de cualquier gobierno esos vínculos empezaban a disolverse y de ahí que el MAS empezó su proyecto de armar (organizaciones) paralelas.

Primero fue el caso del Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), luego la Fejuve (Federación de Juntas Vecinales) y después lograron voltear a la Central Obrera Boliviana (COB) al 100% y ni siquiera hay sólo dos COB, hay una que es oficialista. Luego se fueron por Adepcoca, pero no les resultó.

//FUENTE: PÁGINA SIETE//