Guerrero le dijo a Romero que no hay "casos cerrados", mientras Quiroga anunció investigación contra Blanco
SEGURIDAD | 31 Ene 2018
VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- En una esquina, Guerreo y Blanco; en la otra, Romero y Quiroga. Así se podría describir la relación entre la Fiscalía General y el Ministerio de Gobierno luego del cruce de alusiones de las últimas horas por las acciones tomadas contra la delincuencia y sus complicaciones posteriores.
Casos como el desfalco al Banco Unión, protagonizado por Juan Franz Pari, o el doble asesinato a la pareja de Juan Cañisare y Carla Bellot, podrían quedar impunes por errores “técnicos” en los procedimientos de arresto e imputación. Así se reveló esta semana y aquello generó los roces entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno.
El ministro Carlos Romero había señalado que el caso Cañisare – Bellot, todo quedaba resuelto con la detención de la familia León Fernández, sospechosa del macabro doble asesinato del 1 de enero. Cuando Eliot León, acusado principal, llegó al país, luego de haber fugado a Brasil, el funcionario dijo que el caso “estaba cerrado”.
El fiscal Ramiro Guerrero, hoy, dijo que la investigación continúa y por ello no se puede hablar de un “caso cerrado”.
“Lamentablemente, algunos personajes últimamente se creen policías, fiscales y jueces a la vez y ellos son los que dan toda la información, los que dan los casos cerrados o hasta emiten sentencias y no es así, debemos actuar con mayor responsabilidad”, dijo el fiscal en rueda de prensa.
La alusión resultó más que obvia.
La Fiscalía General también anunció una querella contra el jefe de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), a cuyo departamento se acusa de no haber cumplido con sus deberes a tiempo de aprehender a sospechosos de hechos delictivos.
Más tarde, el contraataque llegó desde el Viceministerio de Régimen Interior con el funcionario José Luis Quiroga, quien acusó al fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, de “favorecer a los delincuentes”, por los presuntos errores procedimentales que podrían dejar en libertad a implicados en casos como los antes citados.
“Consideramos que, por ética, no debería de continuar. Estamos poniendo a conocimiento de la sociedad boliviana de que estamos en presencia de un fiscal que libera a los delincuentes, estamos en presencia de un fiscal que no acompaña su verdadero rol, que es de brindar protección a la sociedad”, dijo el viceministro.
Un caso de robo agravado por dopaje, protagonizado por las denominadas “pildoritas”, fue desestimado por Blanco. El grupo DACI había logrado recuperar celulares y tarjetas de débito que ese clan de mujeres organizadas, que operaban en los locales nocturnos de la calle Ingavi, pero en la Fiscalía de Distrito solo se les acusó de hurto, por no haber ejercido “violencia” contra las víctimas.
Quiroga dijo que en 2014, en un caso parecido, cuando Blanco fue fiscal de Materia, éste actuó con similar actitud, dando como sobreseído el hecho que podía apuntar a trata y tráfico.
El viceministro hizo la relevación a tiempo de anunciar que remitirá a Guerrero un expediente entero con las denuncias recibidas contra Blanco por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio del cargo.
//@VisorBolivia//
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