Suman las voces que piden que Áñez se defienda en libertad

Áñez presenta un cuadro de hipertensión y depresión desde su encierro en el penal de Miraflores / RRSS / CLAUDIA BRAVO

POLÍTICA | 18 Ago 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Derechos Humanos, la clase política y activistas van formando un solo bloque para pedir que la expresidenta Jeanine Áñez pueda defenderse del caso “terrorismo, sedición y conspiración”, en libertad, para salir a un arresto domiciliario donde también pueda ser atendida en su estado de salud.

Este miércoles se produjo el traslado irregular y arriesgado de la expresidenta Jeanine Áñez al hospital del Norte en El Alto, pese a que por su condición de presión arterial alta no debería subir más de los 3.600 msnm de La Paz, que por sí mismos y sin la medicación controlada es un factor de riesgo mortal. Así lo expuso el abogado Jorge Valda.

“A las 09:30 la expresidenta ha sido retirada sin que se informara a los familiares o abogados, sin que se nos haga conocer el destino, hemos tomado conocimiento que se la está llevando al Hospital del Norte, teniendo una hipertensión crónica, llevarla a la ciudad de El Alto es un atentado contra su vida y su integridad”, declaró.

Antes de mediodía, Áñez era reingresada al penal de Miraflores con una evaluación de “estable” y por la tomografía axial computarizada que se le tomó, “se concluyeron todos los exámenes”, explicaron el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, y la encargada de Salud de Régimen Penitenciario, Mariana García.

Sin embargo, la hija de la exmandataria, Carolina Ribera, apenas pudo recibir a su madre cuando la Policía la reingresaba y luego denunció ese atentado desde el Gobierno y la administración de justicia. “Se le está apagando la vida a mi madre”.

Más adelante, Ribera acompañó al plantón que se instaló en la zona, con presencia de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal.

Carvajal instó a la justicia a actuar en el marco de los derechos humanos y velar por la dignidad de Áñez y su condición de mujer, pues todo el trato que se le está dando no responde a un debido proceso.

“Los tratos despiadados hacia mi madre cada día son peores, no tienen compasión alguna, ni siquiera tienen respeto a la vida humana, mucho menos tienen temor a Dios por todos los actos tan inhumanos que están cometiendo”, agregó Ribera.

Ribera junto a su hermano José Armando, pidió audiencia con la secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi, quien todavía se encuentra en Bolivia, para pedir que se apliquen medidas cautelares a favor de la expresidenta que en septiembre cumple los seis meses de detención preventiva que le dictó un juzgado de La Paz.

“Agradeceré que su autoridad pueda visitarla en el penal de máxima seguridad Centro penitenciario Femenino de Miraflores de esta ciudad de La Paz, para que mi madre en persona le pueda comentar los pormenores del atropello y la violencia física y sicológica de la que está siendo víctima, y en mérito a esa visita se le pueda otorgar la medida cautelar para el respeto de su derecho a la salud y la libertad”, señala la carta a la comisionada.

A su turno, el jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, pidió que se respeten los derechos humanos de Áñez y descalificó el actuar del Gobierno por hacer abuso de poder con la toma de los cuatro órganos del Estado.

“Es el momento de la intervención de las estructuras internacionales especializadas para que no solamente digan su palabra, sino para que le exijan al gobierno cumplir los requisitos básicos del respeto a los derechos de la expresidenta Añez; creo que ya en el ámbito nacional la falta de respeto, la autocracia y el autoritarismo permanente en el gobierno no se puede resolver porque actúan como si fueran dueños del país, actúan controlando los cuatro poderes del Estado y en este contexto creo que lo que hay que plantearle a la comunidad internacional, a los organismos especializados en defensa de derechos humanos, particularmente Naciones Unidas, es una acción directa para defender los derechos legítimos de la expresidenta”, señaló.

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