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Lunes, 6 de Diciembre de 2021

Masismo culmina un "diseño estatal sincronizado" para desechar fraude de 2019 e imponer su narrativa del “golpe”

POLÍTICA | 16 Oct 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- El masismo está a punto de culminar una estrategia política sincronizada entre diferentes representantes y niveles del aparato estatal, para desechar el fraude electoral de 2019 y con ello sentar su narrativa “oficial” de que en esa etapa histórica y conflictiva que vivió el país hubo un “golpe contra Evo Morales”.

En medio de dos semanas de una escalada de conflictos sociales en Bolivia, el Movimiento Al Socialismo (MAS) continúo con su diseño estatal para negar que en las elecciones de 2019 hubo un fraude que pretendió dar como ganador en primera vuelta a Morales y su segundo Alvaro Garcia, para mantener el poder por otro lustro, pese a las restricciones de la Constitución Política del Estado (CPE) y el referendo del 21 de febrero de 2016.

Por un lado, el procurador general Wilfredo Chávez, encaminó su propio recuento de actas electrónicas denominado “acta por acta”, con un grupo de estudiantes de Informática de último año de las universidades Mayor de San Andrés (UMSA) y Pública de El Alto (UPEA).

Chávez, que fue delegado político del masismo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en las pasadas elecciones y abogado personal de Evo Morales cuando aquel fugó y se asiló en México y luego Argentina, usó los predios de la Procuraduría, ubicados en la ciudad de El Alto, para llevar adelante ese “recuento” equipando a los jóvenes “revisores” con chalecos distintivos y computadoras portátiles.

El ambiente en un tinglado fue “decorado” con gigantografías alusivas al “golpe” que alude el régimen masista, con frases como: “El informe preliminar de la OEA fue el detonante del golpe”, “Almagro estafó a Bolivia” y “El Alto de pie nunca de rodillas”, además de referencias a la “masacre de Senkata”.

“Lo que hace el procurador es mezclar su recuento para tratar de desechar el fraude del MAS, se enfrenta a la OEA, habla de golpistas y finalmente instrumentaliza la tragedia de las familias de Senkata, que al final es parte de esta estrategia de confusión y total irrespeto a la inteligencia, memoria y luto de la ciudadanía”, explicó el periodista Iván Rada.

En cuestión de cinco días, ese grupo de 40 personas terminó de “revisar” las 34.555 actas de los comicios del 20 de octubre de 2019, y Chávez dijo exaltado que con ello se “demuestra” que en Bolivia no hubo fraude.

“Puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, dijo el procurador a tiempo de anunciar que los “resultados finales” se darán a conocer en las siguientes horas.

En esa línea, los principales acusados de perpetrar el fraude del 20 de octubre de 2019 fueron los entonces vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), más aún cuando ellos tuvieron a su cargo el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que hasta las 20:00 de esa noche perfilaba una segunda vuelta entre el presidente y candidato Morales y el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

Sin embargo, el sistema sufrió un corte y al reinicio del cómputo la distancia entre ambos se amplió a más de 10 % a favor del candidato masista, con lo que se consolidaba como “ganador en primera vuelta” y por tanto, presidente reelecto para un cuarto mandato consecutivo, cuando la CPE establece solo una reelección de forma seguida.

Los vocales María Eugenia Choque, Antonio Costas, Edgar Gonzales, Lucy Cruz e Idelfonso Mamami fueron aprehendidos la noche siguiente a la renuncia de Morales del 10 de noviembre de 2019, presentados ante las cámaras enmanillados y luego trasladados a los respectivos centros carcelarios de La Paz.

En julio de este año, la Fiscalía General determinó cerrar el caso con base en un informe de una consultora avalada por la Universidad de Salamanca de España, con el docente Juan manuel Corchado y dos estudiantes maestrantes en Informática.

El fiscal general Juan Lanchipa, que fuera director de la Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR) en el gobierno de Evo Morales y abogado muy cercano al exministro de Justicia, Héctor Arce, había solicitado una “pericia informática” al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de España el 5 de abril y los resultados fueron entregados en junio, es decir, en 60 días.

“El informe pericial del proceso electoral determinó que se produjeron negligencias por parte de la empresa NEOTEC, encargada del sistema TREP; sin embargo, se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019”, justificó Lanchipa.

Sin embargo, el propio Corchado se encargó de explicar que su consultoría se basó exclusivamente en los sistemas informáticos y la base de datos que le entregó la Fiscalía General de Bolivia y en ningún caso se hizo un trabajo de campo, in situ o de revisión de las actas impresas. Asimismo, el docente español coincidió en que hubo irregularidades en el proceso electoral, tal como señaló la OEA en su informe de auditoría, con al menos 12 acciones que llevaron a direccionar los resultados en una “manipulación dolosa” de esa elección.

Este miércoles, la Fiscalía de La Paz decidió ratificar el sobreseimiento del caso y archivar las figuras de delitos electorales de falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo que pesaban contra los exvocales.

Como anexo, en esa investigación, hoy cerrada por el Ministerio Público, nunca se convocó a declarar a Morales ni García y la denuncia particular contra ambos, que había presentado Mesa y su abogado Carlos Alarcón, fue desechada por la juez Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro el 23 de noviembre de 2020, luego de la victoria del MAS en las recientes elecciones generales.

Castro emitió una resolución que declaró fundado un incidente de excepción de prejudicialidad y falta de acción que presentó al defensa de Morales, que entonces era el abogado Wilfredo Chávez, y archivó el caso. La juez sería nombrada en agosto de este año como nueva vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).

Finalmente, este viernes se conoció un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) referido a la sucesión presidencial, ante un recurso directo de nulidad que planteó la exdiputada por Unidad Nacional (UN), Margarita Fernández, quien fuera segunda vicepresidenta de la Cámara Baja en 2019, contra Susana Rivero, la diputada masista y primera vicepresidenta que también renunció durante las jornadas del 10 al 12 de noviembre de ese año.

Según el recurso, Rivero ejerció el cargo de manera ilegal el 13 de noviembre, pues había renunciado mediante una carta dirigida a la Cámara de Diputados, que incluso la masista compartió en su cuenta de Twitter, aunque luego la trató de borrar, con alusiones al “golpe” y que ella no sería “cómplice” de aquello porque “sus principios y corazón se lo impiden”.

Rivero, luego de la sucesión de Jeanine Áñez, volvió a plenaria y ejerció la presidencia de Diputados para posesionar a su par Sergio Choque. Empero, su renuncia tuvo efecto inmediato, como señala el artículo 153.3 de la CPE y ante la anterior dimisión de Víctor Borda como presidente de la Cámara Baja, correspondía el cargo a Fernández, hecho que se produjo durante algunas horas.

En todo ese enredo normativo, el TCP decidió emitir hoy el comunicado que “sentencia” que la sucesión ipso facto sólo aplica al cargo de la Presidencia y no a las directivas camarales, con lo cual Áñez quedaría como “inconstitucional” al no haber cumplido las formalidades del Pleno Camaral para tratar y aceptar las renuncias de las cabezas en Senado y Diputados.

En otras palabras, para el TCP “reemplazo temporal” no es igual a “adjudicarse” un cargo en Senado y Diputados, pero mantiene vigente y reconoce la jurisprudencia de la figura ipso facto.
El investigador jurídico Franz Barrios explicó que esta sentencia 025/2021 emitida por los magistrados del TCP solamente ratifican que existe la figura de reemplazo en los reglamentos de ambas cámaras legislativas, que en el caso de Áñez se activó en el artículo 41 del Reglamento General del Senado y luego las disposiciones del art. 169 de la CPE.

“Esto reafirma nuestra irrebatible teoría sobre que la Declaración Constitucional 001/2020 del 15 de enero de 2020 sobre la “Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional”, llevada en consulta por el propio masismo, y su Voto Aclaratorio del 15 de enero de 2020, que avalaron la sucesión constitucional de la Dra. Áñez”, citó Barrios.

La DC 003/2001 señala que la sucesión presidencial se debe realizar ipso facto sin que medie norma o ley alguna, porque no se puede dejar ese vacío de poder en el Ejecutivo. La DC 001/2020 ratifica el carácter constitucional de Áñez como presidenta transitoria con prórroga de mandato junto a todos los asambleístas y autoridades de los gobiernos subnacionales.

Finalmente, el Voto Aclaratorio del propio TCP, emitido en enero de 2020 señala en una de sus partes que durante la sucesión de 2019 “no se presentó ninguna situación de anormalidad constitucional”.

El magistrado presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, firma la reciente sentencia, pero en noviembre de 2019 leía un comunicado institucional en el que recordaba la DC 003/2001 y en ese marco se tenía que actuar “para cumplir el rol guardián de la Constitución”.

Consultado sobre la legalidad de la sucesión específica de Áñez, Hurtado afirmaba a los medios de cobertura en Sucre: “el comunicado en forma expresa señala que sí (es legal), desde luego que sí”.

El periodista Andrés Gómez concluye que todas estas acciones recientes del Gobierno, Fiscalía y TCP son sincronizadas y sólo buscan fines políticos sin darse cuenta que ponen en peligro el orden democrático.

“Entonces si el gobierno de Áñez fue inconstitucional, todos sus actos son nulos, la convocatoria a elecciones también es nula; por tanto, Luis Arce es un presidente inconstitucional y como no hubo fraude el 2019, según el Procurador, Evo ganó. Conclusión: ¿Evo Morales, Presidente; Álvaro García, vicepresidente; chau Lucho, chau David?”, escribió en las redes sociales.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó que el régimen utilizará esta nueva sentencia para forzar una sentencia de 12 años contra la expresidenta por la vía ordinaria dentro del proceso de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, más conocido como “caso golpe de Estado II”.

La figura de “sedición, terrorismo y conspiración” es parte de la querella activada por la exdiputada masista Lidia Patty en diciembre de 2020 y que derivó en la detención preventiva por seis meses de Áñez en el penal de Miraflores desde marzo de este año, con incremento de cinco meses más hasta febrero de 2022 por parte de los administradores de justicia.

//@VisorBolivia//  

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