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Lunes, 10 de Diciembre de 2018

Escribe: Mónica Olmos Campos

“Proceso de Cambio: El milagro que no fue”

OPINIÓN | 1 Jul 2018

Tuve el honor de escribir el Prólogo de Proceso de Cambio: El milagro que no fue del economista e ingeniero civil Miguel Antonio Roca, investigación que fue presentada en ciudades del eje troncal hace un par de meses.

Recojo algunos párrafos de aquella presentación y me detengo en los datos más sobresalientes y que Roca sistematiza e interpreta a la luz de hechos concretos de la realidad administrando con mesura sus juicios como entendiendo que los números hablan por sí solos; que las cifras extraídas de fuentes oficiales, los datos documentados, las publicaciones de prensa, las declaraciones de autoridades de gobierno y los estudios de caso, son evidencias suficientes.

Roca afirma que “La inversión pública es pues el centro del discurso del gobierno con relación al pasado, al presente y al futuro del país y de sus dirigentes políticos”, así, el Presidente y Vicepresidente vienen diciendo con notable insistencia que su mayor acierto es el manejo de la economía. No es extraño, entonces, que ciudadanos afines y no afines al gobierno crean que el MAS ha administrado correctamente la economía pública.

Al autor le interesa desmontar la Nacionalización de los recursos naturales y el Modelo Económico Social Comunitario Productivo y que “sustentarían” el Proceso de Cambio, eslogan con el que el MAS enarboló su primera campaña electoral, ganó elecciones y gobernaría los 12 años siguientes (hasta la fecha).

A continuación, algunas conclusiones del autor:

El incremento de la renta gasífera y de los ingresos fiscales no ha sido consecuencia de la “nacionalización de los recursos naturales” sino de un “shock externo” positivo causado por los altos precios internacionales de los productos de exportación; es decir, un esfuerzo exclusivo del sector privado.

El PIB no se ha triplicado en la última década solo ha crecido en un 63%. Lo que se triplicó fue la deuda externa subiendo de $2,208 millones en 2007 a $7,268 millones en 2016.

Entre 2006 y 2016, el gobierno ha percibido ingresos tributarios por más de 66 mil millones de dólares, de los cuales el 81% han sido destinados al gasto corriente de la administración pública. La actividad económica que más ha contribuido a las recaudaciones de impuestos nacionales (sin IDH) es el comercio, con un 19%. Los diez principales contribuyentes (0,002% del padrón) aportaron el 56% y los GRACO (1% del padrón) con 82% de las recaudaciones totales (impuestos nacionales + IDH + aduana).

Existen paralelos entre el régimen de Banzer S. y el de Morales A., principalmente en el manejo de la economía ante un shock externo favorable: Gasto dispendioso y prebendal, inversión en empresas productivas estatales deficitarias, mayor endeudamiento y restricción de los mecanismos de control y fiscalización.

En el periodo 2006-2016, los recursos internos han financiado el 77% de la inversión, subiendo del 37% en 2005 a un pico histórico del 85% en 2014. Contrariamente a lo que muchos sostienen, el IDH solo significó el 14% de la inversión pública (2006-2016).
El término “recursos propios” es un eufemismo que el VIPFE utiliza para disimular los verdaderos niveles de deuda interna con los que se financia la inversión. Solo la mitad de los “recursos propios” provienen de los resultados operativos de las empresas públicas y la otra mitad de “créditos extraordinarios” del BCB, a menos del 1% de interés, hasta 7 años de gracia y hasta 30 años de plazo.

La prioridad de la inversión pública y la consiguiente asignación de recursos se ha desplazado del sector social hacia el sector productivo. En 2006 la inversión productiva representaba el 16% del total y en 2016 esa participación subió al 37%. Esta inversión se ha concentrado notablemente en hidrocarburos (YPFB) con el 38% y en energía (ENDE) con el 24% del total invertido entre el 2006 y el 2016. En 2017, la inversión en hidrocarburos y energía representó el 28% y 47%, respectivamente.

90% de la inversión pública en infraestructura va al subsector de transporte del cual la ABC ha ejecutado solo el 45% (La tercera parte de lo que ha afirmado el gobierno). La agencia vial ha fracasado en 33 proyectos carreteros que terminaron con las obras abandonadas y resolución de contratos por más de $1,300 millones. La institución tiene una cartera de 88 proyectos por más de $5,000 millones sin terminar, algunos de los cuales se iniciaron antes de la fundación de la ABC en 2006.

La inversión en Defensa Nacional ha sido entre 4 y 6 veces mayor a la inversión en Justicia y Seguridad ciudadana.

/*MÓNICA PATRICIA OLMOS CAMPOS ES COMUNICADORA SOCIAL Y DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN/

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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