DEFENSORÍA PLANTEA AMPARO EN TARIJA POR AFECTAR A PERSONA CON DISCAPACIDAD

GESTIÓN | 18 Jul 2018

VISOR BOLIVIA / BOLETINES.- El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, este miércoles llegó a la capital tarijeña y presentó, ante el Tribunal Departamental de Justicia, dos amparos constitucionales contra la Gobernación de Tarija por la afectación del derecho a la inamovilidad laboral que gozan las personas con discapacidad, padres y/o tutores de quienes la padecen.

Los recursos fueron interpuestos en representación de Norma Leonor Ajhuacho Coronel, quien se encuentra en condición de discapacidad, y Arturo Vásquez Acuña, padre tutor de persona con discapacidad declarada interdicta.

El Defensor indicó que en ambos casos la Gobernación argumentó una supuesta reestructuración institucional; no obstante, la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija respondió que no existe tal reestructuración ni supresión de ítems o de las unidades organizacionales donde desarrollaban sus funciones las personas afectadas.

“La Defensoría del Pueblo solicitó, ante el Juzgado Público de Familia 1°, se conceda la inmediata reincorporación a los mismos puestos de trabajo y mismo nivel salarial que ocupaban hasta el 18 de enero de 2018 cuando fueron retirados del Gobierno Departamental; el pago de salarios devengados por el periodo en el que los dos afectados fueron ilegalmente desvinculados de la institución departamental, además de los derechos y beneficios que les reconoce la ley”, precisó Tezanos Pinto.

En la audiencia desarrollada en ese Juzgado, la Defensoría del Pueblo indicó que los dos casos fueron registrados e investigados por la Delegación Defensorial de Tarija, ante la evidencia de la vulneración del derecho a la inamovilidad laboral que gozan las personas con discapacidad, padres, madres o tutores de quienes la padecen.

Asimismo, explicó que, ante los requerimientos realizados, la Gobernación respondió que esta institución cumplía con un porcentaje superior de servidoras y servidores con discapacidad que establece la norma; que la desvinculación laboral estaba enmarcada en una restructuración, misma que se evidenció no era real; y que existía una situación económica crítica en razón a la reducción de las regalías hidrocarburíferas.

//FUENTE: TOMADO DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO//