Escribe Carlos Armando Cardozo

Bolivia, el nuevo “narco-hub”

Escribe Carlos Armando Cardozo

OPINIÓN | 15 Ago 2018

Ya en un artículo anterior toqué algunos datos sobre el tamaño del narcotráfico como actividad económica en Bolivia. Sin embargo, considero que para complementar el análisis es necesario analizar a la evolución del “negocio” del narcotráfico y la forma en que el Gobierno ha contraatacado desde las políticas de Estado.

Las “narcoavionetas” no es un fenómeno nuevo en el país, en los años 70 el propio representante de aeronaves CESSNA estaba involucrado en estas operaciones, sin embargo, el flujo era diferente, la pasta base salía del país hacia Colombia donde esta era refinada y posteriormente enviada a mercados internacionales (“El Oscuro Negocio detrás de las Avionetas del Narco”, Boris Miranda, 2015) en la actualidad Bolivia se ha convertido gradualmente en un punto de distribución de cocaína hacia Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. La frontera con Perú-Bolivia se ha vuelto un punto de intercambio en el que narcotraficantes bolivianos compran pasta base y clorhidrato de cocaína que se transporta en avionetas de vuelta a Bolivia, este modus operandi ha sido muy bien documentado por medios peruanos (Panorama, 2016) siendo que en el departamento de Pasco se han incrementado en pocos años la afluencia de vuelos procedentes de Bolivia ligados al narcotráfico, el reportaje da cuenta del uso de pistas clandestinas en lo espeso del monte, las matriculas bolivianas en las aeronaves y el acondicionamiento de dichas aeronaves para el transporte del cargamento.

En Bolivia el rol de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es más que cuestionable tal cual lo denuncia el diputado Tomas Monasterio, en una entrevista también con medios peruanos (Cuarto Poder, 2018) Monasterio dio cuenta que el país hace aguas en cuanto a control de vuelos se refiere. Un último incidente tuvo lugar en el parque nacional Manu (Perú) donde una avioneta boliviana fue interceptada por fuerzas antidrogas del vecino del país, no se tuvo detenciones y se recuperó 9 de 10 paquetes de droga. La matrícula de la aeronave fue contrastada con la base de datos de la DGAC, sorpresa, la aeronave figuraba como siniestrada en territorio nacional. ¿Cómo se explica que una aeronave en los registros de la DGAC como “siniestrada” vuele milagrosamente hacia el Perú?

Por su lado, el Gobierno boliviano desde la expulsión de la DEA (Drug Enforcement Administration) ha implementado una política de lucha contra el narcotráfico apoyada en 4 pilares fundamentales. Así lo señala el director nacional de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), Marco Ibáñez, reducción de la oferta, reducción de la demanda, el control de cultivos de coca y la responsabilidad internacional compartida hacen a la estrategia del Gobierno de Morales en materia de narcotráfico, un modelo que en palabras del dignatario debería ser emulada en otros países de la región.

En cuanto a la inversión pública destinada a la lucha contra el narcotráfico según el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controlados, Felipe Cáceres, la estrategia aplicada en el periodo 2011-2015 requirió de una inversión de 385 millones de dólares (77 millones de dólares por año) de la misma manera que se tiene previsto para el próximo quinquenio 2016-2020 una inversión de 492 millones de dólares (98.4 millones de dólares por año) los cuales serán financiados en un 64% por el Tesoro General de la Nación y el restante 36% será financiado por la cooperación internacional en el marco de la responsabilidad compartida (Unión Europea, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, entre otros apoyaron a Bolivia en el periodo 2011-2015).

¿Qué resultados se obtuvieron a la fecha? De acuerdo a datos provenientes de la División de Registro y Estadística de la FELCN se tiene que entre el periodo 2010-2017 se tuvo un promedio anual de 12.791 operativos que tuvieron como resultado un promedio anual de incautación de cocaína de 26,57 Toneladas, de las cuales 20,43 Toneladas correspondían a pasta base de cocaína y 6,14 Toneladas a Clorhidrato de cocaína. Así también se incautó un promedio de 316,23 toneladas de marihuana, 753,46 toneladas de sustancias químicas sólidas y 1.677.556,18 litros de sustancias químicas líquidas ambas usadas en el proceso de refinación de cocaína y 563,36 toneladas de hoja de coca por año. La FELCN logró intervenir un promedio anual de 51 laboratorios de cristalización y 42 laboratorios de reciclaje; fueron destruidas 4.798 fábricas, 2447 pozas de maceración y se aprendieron un promedio de 3.863 personas por año.

Al respecto, Kathryn Ledebur, directora ejecutiva de la Red Andina de Información (AIN por sus siglas en inglés) que ha investigado ampliamente sobre la coca y las políticas de drogas en Bolivia, fue citada por Mimi Yagoub (“Cuestionamientos a las cifras de la cocaína. Parte I: Bolivia”, Insight Crime, 17 de noviembre de 2016) en la que maneja una hipótesis alternativa, Ledebur mantiene que el nivel de éxito en las políticas de drogas en Bolivia no es necesariamente un logro atribuible al Gobierno, sino que este resulta de las dinámicas propias del narcotráfico, los precios de la coca en Bolivia se han incrementado producto de las políticas de erradicación consensuadas con los sindicatos cocaleros y el autocontrol de los propios productores, esto ha desencadenado que el precio de coca peruana sea más competitiva y sea más rentable el trasladar pasta base desde el Perú hacia Bolivia. Datos que de acuerdo a Ledebur se traducen en las cifras de incautaciones en Bolivia, donde la mitad de la pasta base incautada es de origen peruano.

Sin embargo, como se citó en un artículo anterior ¿dónde van las 28.185,33 toneladas “extras” de coca en Bolivia? Aún con la hipótesis de Kathryn Ledebur, tendríamos problemas para explicar el destino final de tal cantidad de coca.

Finalmente les dejo está “cantinflada”, el Gobierno según el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, a principios de abril de este año sostenía que los 13 radares adquiridos a Francia entrarían en fase de prueba hasta finales del 2018, 6 de uso civil y los restantes 7 de uso militar. Posteriormente a finales de abril el Ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, anunció la aprobación del Decreto Supremo N° 3543 (25 de abril de 2018) mismo que facilitará la importación de materias primas donde curiosamente se incluyen aviones, avionetas, helicópteros, maquinarias de caminos y agropecuarios, entre otros. ¿Alguien entiende al Gobierno? ¿Existe la necesidad de facilitar la importación de avionetas? Por un lado, se declara la guerra al narcotráfico a través de la adquisición de radares para el monitoreo de nuestros cielos y por otro facilitamos el ingreso de aeronaves que vaya uno a saber dónde van a parar, por lo menos la DGAC no tiene la más mínima idea.
Así es la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, saque sus propias conclusiones.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA ES ECONOMISTA, MÁSTER EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y PRESIDENTE DE FUNDACIÓN LOZANÍA//

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