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Viernes, 14 de Agosto de 2020

ZVONKO MATKOVIC, ÚLTIMO TROFEO POLÍTICO DE LA RETARDACIÓN DE JUSTICIA EN BOLIVIA

Vea un compendio especial para entender el caso y la situación de Zvonko Matkovic Ribera a quien activistas virtuales dedican la etiqueta #LibertadparaZvonko

POLÍTICA | 6 Ago 2017

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Activistas de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia han convocado para este 6 de agosto a una manifestación virtual a través de las redes sociales para apoyar a Zvonko Matkovic, el joven cruceño que lleva más de siete años en detención preventiva en la cárcel de Palmasola acusado de haber sido parte del caso terrorismo. La etiqueta #LibertadparaZvonko espera ser la tendencia política de este domingo en Bolivia.

“Publica un mensaje de apoyo a los presos y perseguidos políticos”, con la referida etiqueta, es la convocatoria de este grupo de jóvenes que realiza política en la región aprovechando las nuevas tecnologías, pero también con actividades en cada país.

El caso ha concitado la atención mundial tras el parangón del opositor venezolano Leopoldo López, que tuvo un momento de excarcelación en medio de la caótica situación que vive ese país por la constituyente impulsada desde el régimen de Nicolás Maduro.

Los jóvenes de Derechos Humanos incluso activaron una solicitud en el portal de peticiones a la comunidad Avaaaz.org para que el caso de Zvonko sea conocido en la competencia del Tribunal de La Haya.

“No voy a firmar un abreviado solo para salir de la cárcel”, con esa frase repetida en cada entrevista, Zvonko Matkovic prefiere ser paciente y esperar que llegue la justicia para demostrar su inocencia ante una comunidad que recién comienza a enterarse que en Bolivia 80 por ciento de los privados de libertad no tiene sentencia.

Ambas campañas virtuales, tanto el tuitazo programado para este domingo como la petición en Avaaz, pretenden dar a conocer al mundo este dilema jurídico político y familiar que refleja la crisis e injusticia que vive Bolivia.



FAMILIA EXTORSIONADA POR UN FISCAL FUNCIONAL

El calvario de la familia Matkovic Ribera, como muchas otras, comienza poco después del operativo en el hotel Las Américas del 16 de abril de 2009.

La Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) de la Policía había irrumpido en el céntrico hotel donde cinco hombres pernoctaban en tres habitaciones. Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi, Michael Dwyer, Mario Tadic y Elöd Tóazó fueron reducidos por los efectivos que ejecutaron a los tres primeros, aunque los reportes “oficiales” afirman que hubo intercambio de fuego.

El caso terrorismo se había instalado en Santa Cruz y el régimen de Evo Morales y Alvaro García comenzaba la cacería de dirigentes opositores, aquellos que habían resistido los primeros años del régimen socialista.

Llamadas, listas, nombres, recortes de periódicos, todo servía para implicar o relacionar a los cívicos y empresarios de la llamada “media luna” con los terroristas extranjeros. En esa nómina figuraba Zvonko Matkovic hijo.

El fiscal nombrado por el Gobierno para llevar la investigación fue Marcelo Soza, denominado desde entonces como “el fiscal de hierro”, un sujeto que con los años fue perdiendo credibilidad e incluso respaldo del propio régimen.

Soza, sin embargo, no solo fue implicando a cuanto representante del oriente podía sino que obedecía órdenes de gente del Gobierno, según reveló en un audio que se filtró en 2011 y cuya autenticidad fue confirmada mediante una pericia patrocinada por el investigador y periodista Carlos Valverde.

De las órdenes, Soza pasó a “negociar” el futuro de los sindicados, junto a su socio abogado Moisés Ponce, el agente de seguridad asignado Juan José Laguna y la dueña de la casa donde se hacían las reuniones y “transacciones” Ana Claudia Arruda. Tanto Ponce como Arruda fueron sentenciados a dos años por extorsión en 2014 y ahora ya desarrollan sus actividades con normalidad.

Soza, que había dejado el caso poco antes de esos procesos, al ver a su equipo cercado optó por salir al Brasil para pedir refugio. El Ministerio Público logró a finales de 2015 una sentencia mínima de un año en su contra, confirmando que hubo extorsión a los implicados del caso terrorismo.

El fiscal estrella del Gobierno, empero, no se fue con las manos vacías porque se estima que acumuló 5 millones de dólares de todas las familias extorsionadas, entre esas la familia Matkovic Ribera.

Zvonko Matkovic padre, recordó en entrevista con El Deber, que pese a haber entregado en manos de Soza una cantidad de dinero para que su hijo no sea encarcelado, éste luego exigió mucho más. Se habla de 50 mil dólares de inicio y cuatro veces su valor final, algo que el empresario ganadero no pudo cumplir. “Mi hijo está preso por tener un padre yesca”, fue el titular de la reveladora nota del medio cruceño.

La madre de Zvonko, María del Carmen Ribera, por su lado, viene haciendo gestiones para que cese el encarcelamiento de su hijo con cartas y memoriales remitidos a La Paz, específicamente al Ministerio de Justicia. En principio apeló a la sensibilidad del ministro Héctor Arce Zaconeta, para seguir el ejemplo que a principios de julio se había dado en Venezuela con el excarcelamiento del opositor Leopoldo López, pero al no recibir respuesta, conminó a la autoridad a ser consecuente con sus artículos de opinión ampliamente difundidos por la prensa sobre la “injusticia, la tolerancia y la clemencia”.

UNA DENUNCIA INSOSTENIBLE

En la última audiencia del 28 de julio la Fiscalía señalaba que Zvonko aún presentaba “riesgos procesales”, que podía “interferir en el proceso” e incluso se hizo alusión a la carta que envió María del Carmen Ribera de Matkovic, madre del cruceño de 38 años, al ministro de Justicia, Héctor Arce. “No se puede apelar ni confundir en este tribunal un tema sentimental con la verdad objetiva de los hechos que se están investigando”.

¿Pero, cuál es esa “verdad objetiva” que mantiene a Zvonko en Palmasola más de siete años?

El abogado de defensa Gary Prado explicó en detalle el caso, en entrevista con la periodista Amalia Pando esta semana.

Zvonko Matkovic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza fueron implicados junto a una treintena de cívicos y empresarios del oriente boliviano en 2009, señalados como posibles cómplices de la célula irregular de Eduardo Rózsa Flores, el enigmático húngaro croata boliviano que supuestamente venía con la misión de dividir al país y matar a Evo Morales.

Con el paso de los años se fueron conociendo detalles del caso, entre ellos la “prueba” del fiscal Marcelo Soza para mantener entre rejas a Zvonko.

Soza presumía que los “terroristas” habían practicado tiro al blanco en una propiedad de la familia en la chiquitanía de Santa Cruz, precisamente en un área donde incluso está prohibida la caza, el Rancho Z. No existen fotos, registros o testigos que hayan visto a Rózsa y su grupo disparando en dicha propiedad, recuerda Prado.

Pero el elemento que define la detención preventiva fue una llamada de 20 segundos que Zvonko recibió de Rózsa, pero que no devolvió. El cruceño entonces con 31 años incluso estaba en EEUU cursando una especialidad, pero volvió al país para acompañar a su padre al haber sido convocados ambos a prestar su declaración. De la audiencia pasó a San Pedro en La Paz y luego a Palmasola en Santa Cruz.

Otro argumento de la Fiscalía, ahora, para mantener encarcelado al joven cruceño es que se encontró una llamada en su celular a Alejandro Melgar, ciudadano que fugó a Uruguay donde se lo procesa por otros cargos y se ha negado su extradición a Bolivia.

Ese riesgo de “obstaculizar la justicia” no tiene asidero, remarca el abogado, más allá de la veracidad o no de esa supuesta llamada, porque al estar Melgar procesado en Uruguay y no ser extraditable, no hay forma en la que Zvonko pueda “planear” nada desde Santa Cruz.

Como corolario de la injusticia ejercida, cita Prado, la ley estipula que deben existir dos de los tres riesgos procesales para negar una medida sustitutiva a la detención preventiva. En el caso de Zvonko bastó solo una, basada en aquel antiguo registro telefónico.

“Hay una actitud de vendeta de convertir a Zvonko en una especie de trofeo, a mí no me extrañaría que en la lógica del Gobierno haya también algo de racismo por el apellido que lleva este joven cruceño, que haya también una especie de revancha porque el padre de Zvonko fue prefecto de Santa Cruz en el gobierno constitucional del general Hugo Banzer, y no me extrañaría que a Zvonko lo presenten como muestra que se quería balcanizar Bolivia, porque había estos hijos descendientes de croatas. Hay toda esa maldad por detrás, pero lo que se vulnera son los tratados de derechos humanos que están vigentes, que integran la propia constitucionalidad y está en la CPE”.

CINCO SE INCULPARON PARA ESTAR AFUERA

Con el paso de los años, Zvonko ya cumplía más de tres años recluido en calidad de detención preventiva, algo que el Código Penal ya establecía como condición para acceder a medidas sustitutivas. El Gobierno, que se veía presionado por organismos internacionales de vigilancia judicial y Derechos Humanos, toma como salida en 2014 la modificación de plazos mediante la Ley 586, pero coloca un candado específico para los acusados del caso terrorismo: “nadie que haya atentado contra el Estado puede beneficiarse del arresto domiciliario”. Son los llamados “delitos vinculados a la seguridad del Estado”, de los que son acusados Zvonko, Guedes y Mendoza.

Prado explica que en ese nuevo marco legal, los acusados tuvieron que elegir entre dos opciones: declararse culpables para salir de la cárcel o mantenerse en el proceso.

Elöd Toásó, sobreviviente del operativo en el Hotel Las Américas, luego de cinco años de apelar en audiencias, se acogió a procedimiento abreviado y fue condenado a cinco años y medio acusado de haber participado en el atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas, aunque jamás se presentó prueba alguna de esa actuación, explica Prado.

Similar procedimiento y condena de cinco años y medio son aceptados por Mario Tadic, otro de los “integrantes” del grupo Rózsa que salió vivo aquella sangrienta madrugada.

Completan la lista Juan Kudelka, quien fuera acusado de haber coordinado y contactado a la célula irregular de Rózsa; también el coronel Zoilo Salces aceptó en abril de 2015 ir a proceso abreviado para volver a su natal Trinidad condicionado de firmar el libro de asistencia cada 30 días. La figura para todos: alzamiento armado en grado de complicidad.

El primero en haber asumido culpabilidad, vinculado al atentado a la casa del Cardenal católico en abril de 2009, fue el polémico Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, quien al salir de Palmasola envió una carta póstuma al prelado, cuando éste falleció, pidiendo su perdón.

Villa Vargas, el “testigo clave” del fiscal Soza, obtuvo el 13 de febrero de 2015 ocho años de condena por la figura de terrorismo en el grado de participación. Detenido y recluido a finales de 2009, el también protagonista del “video soborno” junto a Carlos Nuñez del Prado, fallecido asesor de Inteligencia del Gobierno, tendría que declararse en libertad este año.

MEDIA DOCENA YA SOBREPASÓ LA PENA MÁXIMA

En ese marco, el abogado Gary Prado explica que si la sentencia máxima contra Villa Vargas fue de “siete años y algo”, está claro que Zvonko y otra docena de detenidos ya cumplió o está por cumplir ese periodo. Mantenerlos encarcelados más de ese tiempo, que quedó como antecedente del caso, expondría al Estado boliviano a denuncias internacionales.

El propio padre del abogado Prado, el general en retiro Gary Prado Salmón, reconocido militar que capturó al guerrillero Ernesto “Che” Guevara y desbarató su célula irregular en 1967, es parte de esa lista que espera con paciencia que el tiempo revele los hechos y haga justicia.

Completa la nómina de encarcelados sin avance procesal Gelafio Santiestevan y Alberto Melgar, sin tomar en cuenta la lista del caso terrorismo 2 y una docena de personas que están fuera del país.

“A este otro lado hay una firme convicción de Zvonko Matkovic, de Juan Carlos Guedes y de Alcides Mendoza de no someterse a juicio abreviado reconociendo culpa de delitos que no han cometido. No le van a facilitar el camino al Gobierno, van a seguir ellos defendiéndose en el juicio desvirtuando la acusación del fiscal Marcelo Soza, tan corrupta como es, y haciendo valer sus derechos procesales en todas las instancias. Para ello cuentan con este grupo de abogados que ha asumido la defensa”, concluyó Gary Prado.

EL NIÑO QUE ESPERA A SU PADRE EN CASA

Con todo, Zvonko va a los ocho años de encierro solo por haber recibido una llamada telefónica.

Su pequeño hijo Milan, producto de su relación con la arquitecta pandina Patricia Barrón, también se ha sumado a su corta edad a los pedidos de justicia desde que envió una carta al papa Francisco con el texto “te pido que me ayudes a que mi papá vuelva a mi casa”, días antes del arribo del Pontífice a Bolivia en 2015.

El niño, ahora con nueve años cumplidos, no recibió respuesta alguna del papa progresista en un caso que ya trasciende del ámbito legal al humanitario y de Derechos Humanos.

//@VisorBolivia/ Fotos Facebook/ El Deber/ Archivo web// 

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