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Martes, 25 de Junio de 2019

Alcalde de Villa Abecia "desconoce" si tres concesiones mineras en los Cintis provocan contaminación

Sanción a minera de Charpaxi surge en medio de una Acción Popular promovida por diputados Poppe y Torrez

SOCIEDAD | 5 Jun 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Tres concesiones mineras operan en la región de los Cintis de Chuquisaca, junto a un complejo agroindustrial que fue sancionado por carecer de licencia ambiental. En ese marco, el alcalde de Villa Abecia, Jhonny Ortega, quien debía presentarse hoy a comparecer en la Cámara de Diputados, dijo desconocer el tema de contaminación en esa región.

Ayer, la Gobernación de Chuquisaca, a través de la Dirección Departamental de Medio Ambiente y Madre Tierra, procedió a notificar a la Mina Santa Rita con una multa del 0,3 por ciento de su inversión en la comunidad de Charpaxi, dentro del municipio de Villa Abecia, por no haber presentado la correspondiente licencia ambiental.

Sin embargo, el conflicto surge con la empresa denominada Complejo Agroindustrial, representada por Walter Quintanilla, que estaba proyectando la instalación de una planta de lixiviados para la explotación de cobre a cielo abierto en la zona de los Cintis. 

Los accionistas de las minas Santa Rita I y II, Ramiro Schmitdt y Rebeca Olivera, decidieron no ceder minerales a Agroindustrial y negaron cualquier relación contractual, según nota entregada al Comité de Defensa del Cañón Cinteño, al que accedio el portal De los Cintis.

Consultado sobre el tema, el alcalde de Villa Abecía, de filas del Movimiento Al Socialismo – MAS, dijo a Radio Global de Sucre, que se acatará y coadyuvará a dar cumplimiento a esos temas administrativos.

"DEBE CONTAMINAR ALGO"

En torno a la contaminación provocada por esas empresas, como Complejo Agroindustrial, en la región Charpaxi, Ortega señaló que toda actividad minera “debe contaminar algo, nosotros no tenemos conocimiento sobre ese tema”.

El alcalde se encuentra con baja médica y con ello evitó acudir a la Asamblea Legislativa, aunque antes había negado a medios locales, que se haya facilitado concesiones o licencias a esas empresas.

Ortega, finalmente, confirmó que existen tres empresas en operación que se encuentran en proceso de readecuación en sus contratos en los Cintis.

“Con la inspección realizada con la Gobernación nos enteramos que las tres concesiones mineras que están en proceso de readecuación de concesión a contratos mineros, tienen el respaldo legal para proceder con la extracción del mineral”, declaró.

IMPULSO DE LA ACCIÓN POPULAR

El caso había sido denunciado por los diputados de oposición Horacio Poppe y Ginna Torrez, quienes emprendieron una tarea de fiscalización a la actividad minera en los Cintis de Chuquisaca y el municipio de El puente en Tarija, por los riesgos ambientales y daños a la salud pública de los comunarios y vecinos de ambos departamentos.

Ante la reciente sanción a esa empresa minera, la legisladora tarijeña y titular de la Cuarta Secretaría de la Cámara de Diputados, expresó que estas acciones administrativas responden a la Acción Popular que se presentó en mayo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, para frenar todo tipo de actividades extractivistas en la zona, anticipando irregularidades como aquella carencia de licencia ambiental.

“Si no era por la Acción Popular que promovimos con el diputado Poppe, estamos seguros de que el alcalde y el gobernador no hubiesen tomado cartas en el asunto, más aun cuando esta mina data de muchos años de actividad. Estamos hablando de un pueblo pequeño como para que el alcalde no se dé cuenta de que esta mina esté funcionando de manera ilegal”, dijo Torrez.

Sobre la ausencia del alcalde Ortega ante la Cámara Baja, Torrez alertó que se seguirán las acciones legales correspondientes, pues la sanción inicial a Santa Rita no exime de responsabilidades al alcalde que supuestamente aprobó esas actividades mineras.

“También censuramos de que el alcalde no haya venido a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa, en este caso vamos a seguir con las acciones que correspondan con las autoridades por incumplimiento de deberes y hasta llegar a una acción penal si esta corresponde en espera de una respuesta del TCP a nuestra Acción Popular”, refirió la diputada por Tarija.

A su turno, Poppe dijo que Ortega había “huido” a la interpelación, porque primero dijo que estaba enfermo y luego envío una excusa de rechazo a la fiscalización del Legislativo a un Gobierno Municipal, como lo es Villa Abecia.

Poppe alertó que existe una sentencia constitucional que obliga a todos los funcionarios subnacionales a responder ante una fiscalización del Órgano Legislativo y si el alcalde de Villa Abecia no acude a una segunda convocatoria quedará la vía libre para procesarlo por incumplimiento de deberes.

//@VisorBolivia// 

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