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Viernes, 26 de Abril de 2024

LLEGAN A LA PAZ 88.405 CARTAS CIUDADANAS QUE RECHAZAN DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

SOCIEDAD | 2 May 2017

VISOR BOLIVIA/ Redacción Central.- El tema del aborto y el proyecto de modificación al Código Penal para ampliar las causales que activen un aborto en centros médicos establecidos ha promovido la movilización de la Plataforma por la Vida y la Familia que en Santa Cruz logró recabar más de 88 mil cartas de ciudadanos que rechazan la propuesta del gubernamental MAS. Hoy llegaron a la Sede de Gobierno esperando presentar las cartas al mandatario Evo Morales.

Al caer la noche llegó una comitiva de la denominada plataforma ciudadana, portando las 88.405 cartas que serán presentadas a la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, y luego se solicitará una reunión con el mandatario del Estado Plurinacional para presentar esta preocupación que hace a la población.

Horas antes el representante de la plataforma, Víctor Hugo Valda, decía en conferencia de prensa que es más que evidente la movilización de la gente contra lo que consideran un paso para despenalizar el aborto en Bolivia.

Pidió al jefe del Estado no dejarse convencer por “grupículo que quiere imponerse a la decisión del 90 por ciento de la población”. Valda acotó que la recolección de cartas en Santa Cruz sobrepasó las expectativas de la plataforma ciudadana.

Por su lado, el activista Luis Aruquipa, señaló a radio Compañera FM que se pretende llegar a las cien mil cartas que serán parte de esta campaña de rechazo a la “despenalización del aborto”, que incluye una convocatoria a la marcha ciudadana del 23 de mayo en las ciudades capitales del país.

El Gobierno ha comenzado una campaña para aprobar la redacción de la mayoría oficialista en la Comisión de Constitución que incluye un spot del Ministerio de Comunicación donde interactúan la propia ministra Gisela López, y las legisladoras suplentes por el MAS Valeria Silva y Alejandra Salvatierra.

El argumento es “precautelar la salud y la vida de las madres”, pues según datos oficiales, el aborto clandestino es la tercera casusa de muerte de mujeres en el país.

Actualmente el Código Penal señala cinco causales para que una mujer se realice un legrado, entre ellas el embarazo provocado por una violación o cuando se evidencia amenazas a la vida de la madre durante la formación del feto. Una mujer que realice un aborto en otras circunstancias corre riesgo de ser sentenciada a tres años de prisión.

El proyecto oficialista amplía a nueve las causas para despenalizar el aborto, dentro del artículo 157 del nuevo Código de Sistema Penal. Estas reformas esperan evitar la sentencia contra las mujeres que hoy se practican estas intervenciones en consultorios clandestinos o de forma particular, exponiendo sus vidas.

La despenalización corre cuando el aborto: "1) se realice durante las primeras ocho (8) semanas de gravidez, por única vez y además la mujer: a) se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; b) no cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; c) sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o d) sea estudiante. 2) en cualquier etapa de la gestación cuando: a) Se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, b) se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, c) se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, d) El embarazo sea consecuencia de violación o incesto; o, e) la embarazada sea niña o adolescente”.

Los centros de salud y los médicos deben acatar la decisión de las embarazadas a solo formulario debidamente llenado por la solicitante.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, dijo anteriormente que el proyecto de la Ley 122 de Código de Sistema Penal no busca despenalizar el aborto sino precautelar los derechos de las mujeres a decidir y garantizar el ejercicio de su salud sexual y reproductiva.

La oficialista ya recibió a la Plataforma por la Vida y la Familia el pasado 10 de abril cuando pidió “propuestas alternativas” a los activistas. También explicó que existe la sentencia constitucional 206 de 2014 que obliga al Legislativo a adoptar medidas que garanticen los derechos de las mujeres antes señalados.

“Como está en la norma penal, lo que se tiene que debatir es si las mujeres que aborten van a ir a la cárcel, y por qué circunstancias no va a ir a la cárcel, eso es lo que está en discusión ahora”, dijo Rivero a los medios de cobertura.

El debate continúa en la comisión y ya se prevé la resistencia de la Iglesia Católica que hoy se manifestó sobre el tema en la Asamblea de Obispos que se desarrolla en Cochabamba.

“Llamamos, una vez más, a los legisladores y a toda la sociedad, a defender el derecho a la vida en línea con nuestra Constitución Política del Estado, con los valores de los pueblos indígenas y del Evangelio. Frente a quienes no quieren aceptar una vida que comienza, el Estado puede ofrecer la protección de esas vidas y una familia sustituta. Invitamos a la ciudadanía a actuar responsable y activamente en estas decisiones”, cita un comunicado institucional.

//@VisorBolivia/ Fotos: Facebook/ Comunicación/ Diputados//

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