Caso Catler - YPFB: Dictan 30 años de cárcel a asesinos de Jorge O’Connor en 2009

Santos Ramírez en la firma del contrato Río Grande en 2008. Su sentencia de 12 años se conoció en enero de este año / ARCHIVOS WEB

SEGURIDAD | 6 Sep 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El Tribunal Quinto de Sentencia este viernes, dictó la pena máxima, luego de diez años de proceso, a Rufino Rodríguez Coca y Franz Rodríguez Caedo, por el asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, ocurrido en enero de 2009 y que implicó al segundo hombre del MAS.

Asimismo, se dictó 2 años contra Sandra Mamani y María del Carmen Rodríguez y se absolvió a ocho personas que mantenían medidas sustitutivas desde esa fecha y otros desde 2010, incluyendo a uno de los principales sospechosos de gestar la coima por un contrato entre Catler Uniservice y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, Luis Fernando Córdova.

Córdova había defendido su inocencia, alegando que no tuvo participación en la planificación o asesinato del empresario tarijeño el 27 de enero de 2009, cuando, luego de la tragedia, se destapó un caso de corrupción por la entrega de 450 mil dólares para cerrar un proyecto de construcción para la planta separadora de líquidos de Río Grande en Santa Cruz.

“Ticoco”, como es conocido Córdova era colaborador estrecho de O’Connor y aquel le había pedido alejarse de ese proyecto, pero días antes del asalto lo llamó para realizar una operación. El dinero que se iba a entregar a Javier Navia y Jorge Aramayo, triangulando, al final, con Santos Ramírez, entonces presidente de YPFB.

El asesinato del ingeniero O’Connor D’Arlach de 37 años, se produjo la mañana del 27 de enero de 2009 en la zona de Miraflores, avenida Tejada Sorzano, en lo que solo parecía un atraco con muerte.

Las indagaciones llegaron hasta Ramírez pues se descubrió que el empresario tarijeño iba a reunirse con los hermanos Navia, Jorge y Jiovana, que era la reciente espesa del segundo hombre del MAS luego de Evo Morales.

El contrato para la construcción de la planta de Río Grande se había suscrito en 2018 por más de 80 millones de dólares y Catler Uniservice era socia de una de las partes, por lo que se supone que el pago de O’Connor iba destinado a “cerrar el trato” con Ramírez.

De ese modo se va cerrando el caso después de una década, que derivó en el encarcelamiento del entonces presidente de la estatal petrolera y exsenador del MAS, Santos Ramírez, que obtuvo 12 años de condena en enero de 2019.

El otrora hombre fuerte del partido gubernamental se dedicó a estudiar Derecho y actualmente funge como representante legal de los privados de libertad del penal de San Pedro.

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