ONGs responsabilizan a normativa estatal y tráficos de tierras por incendio de la Chiquitanía

A casi tres semanas del incendio en Santa Cruz, se alquiló el avión cisterna Super Tanker de EEUU / RRSS

SOCIEDAD | 23 Ago 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Instituciones que trabajan en el campo ambiental han responsabilizado a las recientes normativas promulgadas por el régimen de Evo Morales, además del tráfico de tierras, por el incendio que consumió 740 mil hectáreas de bosques en la Chuiquitanía boliviana. El Gobierno pide no politizar la tragedia mientras comienzan las tareas de sofocamiento del fuego.

Van 16 días de iniciado el incendio en la región del Roboré, que afectó a once municipios, 35 comunidades, 1.817 familias damnificadas, ocho casas quemadas, y gran parte de la Chuiquitanía de Santa Cruz devastada, con la correspondiente pérdida de flora y fauna.

Hoy, el avión norteamericano de tareas de control de fuego, el Boeing Super Tanker, comenzó a operar con tareas de riego aéreo en la región de Taperas, para evitar que el fuego llegue a una central de energía.

Los focos de calor continúan mientras el humo ya llegó incluso a Cotoca, municipio cercano a la capital oriental.

En medio de la tragedia comienzan a surgir voces que responsabilizan a la administración de Evo Morales del siniestro, entendiendo que sus políticas sobre tierra, deforestación, permisos de asentamientos para colonizadores y desarrollismo, fueron los causantes de esta situación.

Para la Fundación Tierra existe un tráfico de tierras a gran escala, impulsado desde el Gobierno y el Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA.

“En Santa Cruz, el INRA repartió títulos agrarios a un ritmo de un millón de hectáreas por año. No nos distraigamos con chivos expiatorios. Pidamos moratoria inmediata del proceso agrario y desmontes”, escribió el director de la Fundación, Gonzalo Colque, vía Twitter.

En las redes sociales también se comenzó a difundir información sobre esa distribución territorial, más aún identificando a las comunidades de interculturales o “colonizadores”, que fueron beneficiados con las políticas de repartición de tierras en este Gobierno.

La Comunidad Campesina Agroindustrial Aguas Claras y la Comunidad Tupac Amaru fueron beneficiadas con resoluciones de autorización de asentamientos, a través de la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, aliada al Movimiento Al Socialismo – MAS, con 1.300.000 y 1.700.000 de hectáreas, respectivamente, en el Roboré, donde se presume, comenzó el voraz incendio.

En ese marco, la diputada de Demócratas, Eliane Capobianco, en declaraciones a medios locales, dijo que el incendio de la Chuiquitanía responde a la irresponsabilidad y las políticas equivocadas del MAS en el tema tierras, pues constantemente se emiten normas que permiten quemas y desmontes sin control. “No hay políticas de prevención desde la ABT (Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras)”, dijo.

Capobianco recordó el caso de Tucavaca, donde a principios de años hubo conflictos por la toma de tierras en lo que se considera una reserva natural, aunque desde el INRA se dijo que aquello estaba en trámite.
El mandatario Evo Morales pidió hoy, no politizar el tema de los incendios y llamó “mezquinos” a quienes critican su política ambiental y de desarrollo.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO EN SOLIDARIDAD Y DEFENSA DEL BOSQUE SECO CHIQUITANO

La red Erbol recogió el pronunciamiento de 21 organizaciones que deploran el Decreto Supremo 3973, aprobado el 10 de julio de 2019, que modifica el artículo 5 del DS 26075 y autoriza el desmonte mediante la quema controlada, o chaqueo, en tierras privadas y comunitarias ubicadas en los departamentos de Beni y Santa Cruz, siendo que, antes de la modificación, dicha actividad era permitida únicamente en Santa Cruz, y de manera exclusiva para tierras privadas.

Los firmantes del pronunciamiento son la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), APROSAR, CASA DE LA MUJER, CEDLA, CENDA, CEJIS, CER-DET, CIAC, CIDEM, CIPCA, DNI-B, Fundación ACLO, Fundación Social URAMANTA, IICCA, INDICEP, ISALP, KURMI, MUJERES EN ACCION, PIO XII, PROMUTAR y SEMTA.

1. Censura la aprobación de medidas normativas y administrativas
atentatorias a los derechos de Madre Tierra y de la vida.

2. Considera que las autorizaciones de chaqueo en el Bosque Seco
Chiquitano y sus cercanías, constituyen actos de flagrante negligencia
dadas las características específicas de ese tipo de bosque, y la
importancia del sistema de vida que contiene.

3. Reprocha la actitud indolente de las autoridades bolivianas, sean
oficialistas o de oposición, al no actuar de manera diligente para evitar,
contrarrestar, y frenar el desastre natural que hoy se vive.

4. Atribuye especial responsabilidad a la Autoridad de Bosques y Tierras
que, como instancia técnica especializada, debió rechazar las propuestas
de desmonte cercanas al Bosque Seco Chiquitano y proponer métodos
alternativos a la quema controlada.

5. Exige al Estado boliviano cumplir con su deber de garante de los
derechos medioambientales y de la Madre Tierra, para actuar de
manera óptima y oportuna, y así evitar la propagación del fuego y la
destrucción que ésta conlleva. Entre algunas de las medidas que se
deberían tomar, está la de declarar zona de desastre natural, para
activar el apoyo internacional.

6. Exhorta a las autoridades a garantizar políticas públicas adecuadas para
prohibir la deforestación mediante la quema controlada, y resguardar
las zonas forestales, áreas protegidas y parques nacionales ante el
crecimiento de la frontera agrícola.

7. Hace un llamado a la conciencia ciudadana para actuar en la prevención
y defensa del medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, y la
preservación de todas las formas de vida que son patrimonio de la
humanidad.

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