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Viernes, 3 de Mayo de 2024

Activan recursos para anular D.S. 3973 mientras régimen defiende quemas controladas

Gobernación cruceña determinó paralizar toda acción humana en la Chiquitanía, incluyendo los asentamientos. Chaqueos continúan en San Ignacio

POLÍTICA | 26 Ago 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- En medio del incontrolable incendio en el amazonas boliviano, legisladores de oposición han comenzado a activar los recursos legales correspondientes para anular la vigencia del Decreto Supremo 3973 que amplía el alcance de desmonte de tierras y quemas controladas en Santa Cruz y Beni. Sin embargo, para el régimen de Evo Morales, el chaqueo es una práctica agropecuaria que debe continuar.

A tres semanas del siniestro que está consumiendo 700 mil hectáreas de tierra y bosque en el oriente boliviano, sumando 1.100 mil hectáreas en lo que va del año, va creciendo en la opinión pública el pedido de abrogación del D.S. 3973 aprobado en consejo de ministros y dictado por el mandatario Evo Morales el 9 de julio reciente.

La inclusión de “tierras comunitarias” y la ampliación de zona de desmonte en Beni, son las modificaciones que hizo ese decreto a la normativa vigente desde 2001.

El domingo por la tarde en La Paz, y en la noche en Santa Cruz, se vio a gente movilizada con ese pedido de abrogación, además de gritos contra el régimen del Movimiento Al Socialismo – MAS, por impulsar la toma de tierras y sus consecuencias en el amazonas.

La diputada Ginna Torrez, el viernes, mandó una carta al jefe del Estado Plurinacional, pidiendo la abrogación del polémico decreto, mientras hoy, el legislador Horacio Poppe anunció la presentación de un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad contra esa normativa, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Para Poppe, el decreto no fue elaborado en el marco constitucional, tampoco pasó por la Asamblea Legislativa y con esos errores fue aprobado por el consejo de ministros.

Similar criterio fue expresado por el senador de Demócratas, Yerko Nuñez, quien presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto al D.S. 3973.

A su turno, el diputado opositor Rafael Quispe, dijo que trabajará en coordinación con las organizaciones indígenas de la región para plantear un próximo juicio de responsabilidades contra Morales, por las figuras de biocidio y ecocidio, entendiendo que todavía se debe contabilizar las pérdidas en la amazonía boliviana, desde la extensión territorial hasta la muerte de miles de animales y fauna silvestre.

DAÑO AMBIENTAL

Organizaciones ambientalistas calculan que el daño a la Chiquitanía y pantanal boliviano llega a los 40 mil árboles incinerados en el área del bosque seco. Esos árboles tendrían un valor estimado comercial superior a 1 millón de dólares en sus especies de roble, cedro, tarara y otros. También se calcula que se han perdido 1.200 especies dentro de la fauna en esa zona.

Ante este panorama, que recién comienza a tener eco internacional, se ha denunciado que comunarios en San Ignacio continúa quemando hectáreas de territorio, porque creen que esta es la etapa para “limpiar la tierra”.

El jefe de bomberos de Tarija, cap. Carlos Guzmán, desplazado en el lugar, dijo a medios locales que una cosa es el incendio y otra los focos de calor que son detectados mediante satélite. Estos últimos se mantienen o reactivan cada día, porque se trata de chaqueos que grupos de colonizadores generan en el oriente boliviano, dificultando las tareas de rescate, pero sobre todo, amenazando a que el siniestro, es decir, el fuego, se reactive.

RÉGIMEN A LA DEFENSIVA

Ante este panorama y las acciones jurídicas contra el decreto que se considera origen del incendio en el amazonas boliviano, el régimen del MAS afirma que los chaqueos se mantendrán y acusan a la oposición de hacer política con el siniestro de la Chiquitanía.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, explicó que para generar alimentos es necesario ampliar la frontera agrícola y por ello los chaqueos son una práctica que va a continuar.

Negó que el decreto de Morales sea el origen del problema y recordó que esa norma solo modificó al D.S. 26075 de 2001, firmado por el general Hugo Banzer.

Cocarico también dijo que “acá parece que hay grupos que no quieren que gente de occidente se asiente en el oriente”, recordando la época de la llamada “media luna”, opositora a la administración del proceso de cambio.

Desde la Gobernación de Santa Cruz se determinó la paralización de actividades agrícolas, el desmonte de tierras y los asentamientos durante al menos dos años.

La resolución de la Gobernación cruceña entra en contradicción con el D.S. 3973 que, al contrario, aprueba y amplía la acción de desmonte de tierras en Santa Cruz y Beni.

Precisamente, es Beni el departamento que también ha comenzado a reportar foscos de calor el fin de semana, que podrían pasar a incendios y con ello complicar la situación en la amazonía boliviana.

//@VisorBolivia//

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