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Martes, 2 de Junio de 2020

Escribe Erick Fajardo Pozo

Enero Negro 2007, oblivion centralista y memoria federal

OPINIÓN | 13 Ene 2020

La madrugada del jueves 11 de enero de 2007 el reloj de la historia empezó a correr en reversa, abriendo un vórtice involutivo que tornaría el ingenuo sentimiento de vivir en el Antropoceno, en la dura realidad de la regresión al Paleolítico y la ilusión de haber tenido un modesto avance hacia una esquiva modernidad neoliberal, en la evidencia de no haber dejado nunca el tribalismo político postcolonial.

El incendio del palacio monumento a la memoria republicana, el día ocho, aceleró la acumulación de sentimientos excluyentes y asfixió las ya agónicas narrativas contingentes de la nación-estado en Cochabamba. El día nueve los diarios locales abrían con portadas de los escombros prefecturales y el día 10 con fotografías de aprestos paramilitares y reseñas de una retórica bipartita, de virulencia inédita, sembrada por la discursividad fratricida de la pax jacobina.

El alumbramiento de las democracias prefecturales, en diciembre de 2005, fue bautizado por el siniestro vaticinio de Juan Ramón Quintana: “Los prefectos opositores serán rehenes del MAS”. Un año más tarde, esa tesis, plasmada en la frase de la titular de Interior, Alicia Muñoz, desguarnecería la ciudad y desataría en sus calles el infierno verde: “Donde manda ministra no puede mandar prefecto”.

Invocación cabal para una tormenta perfecta; macabra receta, mezcla explosiva de desarme policial y contrapunto de alevosía cocalera homicida. Primaria proposición que guardaba la esencia de continuum del evismo respecto al espectro del unitarismo oligárquico: En un estado autocrático, el último adlátere del caudillo vale más que la más electa primera autoridad subnacional.

La involución de la política sorprendió a Cochabamba aún con la resaca de un 2006 con sabor a cabildo autonomista y rearticulación de su identidad regional. La reacción de un Gobierno frustrado por sus fracasos en la inversión pública y la Asamblea Constituyente fue la negación y aplastamiento de la agenda autonomista que vio la luz el mismo día que la democracia parió al gobierno cocalero.

Al ocaso del día 11, 70 heridos, dos centenares de víctimas –entre ellos 11 policías y 10 periodistas– y tres muertos, uno de la facción urbana, otro de las líneas cocaleras y un tercero “producido” por la siniestra guionización de quien fue luego “mariscal de Porvenir”, y terminó hoy como huésped incómodo de la embajada mexicana.

No corrieron la misma suerte los instigadores y operadores in situ de la violencia callejera. El siniestro Omar Fernández caería de la gracia del poder cocalero y la pirómana Celima Torrico desfilaría por todas las estaciones de la representación del Estado, hasta la humillación regional de ser hoy concejala de la ciudad que incitó a incendiar; mientras que Feliciano Vegamonte encontraría, 12 años después, el desquite de la historia a manos de jóvenes de Quillacollo no mayores que Christian Urresti.

En la década posterior, el exilio me permitió pensar en el atropello desde una antropología del conflicto y un pensamiento postcolonial que ya había construido definiciones para lo que, tras ese “enero negro”, hallábamos inexplicable. Mbembe le llamaría “necropolítica” y Agamben “excepcionalidad normalizada”; Bargu diría “soberanía de la anulación del otro” y Utas “victimismo como agencia táctica”. La academia ya deconstruía el andamiaje de neopopulismos que legitiman su asalto al poder mediante mecanismos formales de democracia para, desde el Estado, ejercitar la soberanía de su naturaleza violenta y discrecional.

Tras el fallido asalto paramilitar a la naciente democracia regional se urdirían los recortes presupuestarios, el paralelismo de los “delegados presidenciales” y, finalmente, la aprobación de un revocatorio inconstitucional nacido de la cohabitación del tutismo y el evismo en su reducto legislativo. Luego vendría el ciclo de los interventores prefecturales, y luego la era de los senescales pasados por las aguas de una democracia domesticada por el régimen.

La coyuntura de la transición ofrece a Cochabamba una nueva oportunidad de despertar, no solo del letargo de los últimos 14 años, sino del olvido de largo plazo de su memoria federal, impuesto por un centralismo al cual la partidocracia neoliberal le ha sido tan instrumental como el régimen cocalero.

Es tiempo de rememorar “enero negro”, como parte de un reencuentro más estructural con la memoria larga de una Cochabamba que postula el proyecto autonómico federal no desde 2006, sino desde 1872 cuando, tras la caída del melgarejismo, la región postuló el federalismo en la Asamblea Nacional, frente a una oligarquía unitarista que fue el origen del caudillismo centralista contemporáneo.

/*Erick Fajardo Pozo es Master en Comunicación Política y Gobernanza por la GWU-EEUU/

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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