El juez Huacani emitió al menos 4 resoluciones que favorecieron a gente afín al MAS

Foto agencias

SEGURIDAD | 27 May 2020

El juez fue denunciado de otorgar el beneficio de detención domiciliaria al asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico

RADAR / ANF.- El nombre del juez Hugo Huacani Chambi saltó al ámbito mediático con el polémico caso de supuesta corrupción en la compra de los respiradores españoles. Huacani también es conocido porque tiene en su haber al menos cuatro polémicos casos, de personas ligadas al MAS, en los que fue acusado de ocultar pruebas, retardar la justicia y otorgar beneficios.

El primer hecho se registró en junio de 2017, cuando el Ministerio Público lo acusó de asumir actuaciones “irregulares”, debido a que benefició con detención domiciliaria al expresidente de la estatal petrolera Guillermo Achá, acusado de corrupción en la contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.

La Fiscalía de La Paz acusó a Achá por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica y solicitó su detención preventiva en la cárcel paceña de San Pedro. El pedido fue rechazado por el juez Huacani, quien no justificó las razones.

“Decimos irregularidades porque la autoridad jurisdiccional (el juez Huacani) de manera incongruente ha dictado una resolución que no tenía fundamento", protestó, en aquel momento, el exfiscal Edwin Blanco.

El juez Huacani dictó detención domiciliaria para Achá tal como lo solicitó el Ministerio de Justicia y Transparencia, dirigido -entonces- por Héctor Arce Zaconeta, quien actualmente es acusado de sedición junto a sus excolegas Wilma Alanoca, Alfredo Rada y Juan Ramón Quintana, por los hechos de violencia de noviembre de 2019.

Otro hecho que involucra al juez Huacani es el caso Gabriela Zapata II. En mayo de 2019 Huacani fue acusado de dejar en la congeladora al menos 21 incidentes procesales. “Si no se resuelven estos actos, eso causaría la nulidad futura o el retroceso del proceso”, advirtió en esa oportunidad, Francisco Belzu, abogado de Ximena Fortún, implicada en el caso.

Ese mismo mes, en una bochornosa audiencia por el mismo caso Zapata II, el abogado Eduardo León acusó al juez Huacani de hacer desaparecer pruebas con el fin de favorecer a Evo Morales. En respuesta, el juez Huacani ordenó el arresto de León y de su abogada Zuleika Lanza, con el argumento de que “faltó el respeto a la autoridad”.

“Que presente las pruebas de que Evo Morales pagaba a favor de su hijo y la defensoría dio cuenta que el niño existe, el juez nos manda a detener a mi abogada y a mí, porque dice que fue ofendido, queremos que toda la gente vea la calidad de justicia ‘masista’ que tenemos”, protestó León en esa ocasión.

Pese a los insistentes pedidos, Huacani no exhibió en la audiencia las tres pruebas que pidió León: una cuenta bancaria en la que Evo Morales depositaba dinero para un niño y que estaba a nombre de Gabriela Zapata; un informe de la Defensoría de la Niñez que acredita la existencia del menor que lo dieron por muerto; y, el respaldo de una declaración ampliatoria de Zapata.

El tercer caso que salpica a Huacani es reciente, data de febrero de este año. El juez fue denunciado de otorgar el beneficio de detención domiciliaria al asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico, quien es acusado por presunta instigación pública a delinquir, sedición y terrorismo.

El Ministerio Público, en la imputación formal contra Torrico, solicitó la detención preventiva del sindicado en el penal de San Pedro. Este pedido no se concretó.

La investigación contra Torrico surgió luego de que lanzara una advertencia el pasado 29 de octubre: “No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo". Por este mismo caso, la Fiscalía investiga a otras exautoridades entre las que figuran los exministros Javier Zavaleta, Alfredo Rada, Wilma Alanoca y Juan Ramón Quintana.

Un cuarto hecho que implica a Huacani con actos “irregulares y sospechosos” es el que denunció el Ministerio de Gobierno, Arturo Murillo. De acuerdo con las autoridades el juez otorgó detención domiciliaria a Edith C. A., la apoderada del exministro Quintana, acusada de terrorismo junto a otras exautoridades de Evo Morales.

La ayudante de Quintana fue detenida en enero de este cuando de manera ilegal pretendía sacar 100 mil dólares del país, presuntamente para financiar un evento político del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Argentina, donde reside Evo Morales desde el 12 de diciembre de 2019.

Con ese antecedente, el juez Huacani -cuando se disponía a celebrar la audiencia cautelar del caso Respiradores- fue aprehendido por efectivos policiales por una acusación de prevaricato por haber liberado a Edith C.A.

//FUENTE: ANF//