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Jueves, 2 de Mayo de 2024

Escribe Angélica Siles Parrado

El gobierno está obligado a garantizar el trabajo digno y la generación de empleo

OPINIÓN | 30 Dic 2020

La Constitución Política del Estado determina en el Art. 46.I. “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”. II. “El Estado protegerá el trabajo en todas sus formas”.

La expresidenta Jeanine Áñez remitió a la Asamblea Legislativa el Presupuesto para 2021, el mismo fue aprobado por la Cámara de Senadores con modificaciones cuyo importe asciende a un total de Bs 295.599.911 y un consolidado de Bs 228.357.102.

El 85% de los ingresos de Bolivia, se apropia el nivel central y solo el 8% es para los 339 municipios, el 4% a las nueve gobernaciones y el 4% a las Universidades Públicas; por tanto, NO se cumple la equidad y la igualdad, sigue la carga a las gobernaciones y municipios que deben distribuir sus escasos ingresos en SALUD y ahora que empezó el REBROTE del COVID/-19, el soberano está en la indefensión sanitaria porque el incremento en salud es 10%, cuyo monto solo podrá cubrir las remuneraciones del personal médico contratado para atender a los enfermos del COVID-19.

NO queda nada para los insumos de terapia intensiva y la dotación de bioseguridad al sistema sanitario que exigirá el rebrote de la pandemia, se utilizará por Bs 22.216 millones a Defensa Bs 4.497 millones, a Gobierno Bs 4.679 millones, por tanto, se mantiene los gastos en excesiva burocracia y lo peor es que se mantiene la ampulosa propaganda oficial en los medios del Ministerio de la Presidencia y se replica de los 14 años del gobierno del MAS asignándose Bs 98.020.313 a los medios estatales, que siguen glorificando al gobierno del MAS y se asigna Bs 64.041 Millones a las empresas públicas, la mayoría deficitarias (deberían generar sus propios ingresos), para fomentar a sus allegados y dirigentes subordinados al MAS. Finalmente, a los municipios se asigna solo Bs 7.808 millones y a las gobernaciones Bs1.881millones

A pesar que han disminuido las recaudaciones fiscales y la paralización de la producción por la cuarentena y por la recesión, se prevé la reducción de los precios internacionales de los hidrocarburos, que es la fuente más importante de ingresos de Bolivia, por tanto, mayor porcentaje del PGN se sustenta con endeudamiento externo, sin que sea segura, ya que hasta ahora la deuda creció más de 20.000 millones de dólares, solo del crédito desembolsado, falta el comprometido que creerá aún más la deuda y el pago del servicio de esa deuda está en la interrogante.

El presupuesto de inversión pública programado en el PGE 2021, de los cuales 67% es financiada con recursos generados por el país y el 33% con recursos provenientes de financiamiento externo, NO se cumple la austeridad anunciada en el discurso de asunción de mando de Arce y hace exactamente lo contrario con la creación de nuevos ministerios y no realizar recorte alguno del gasto público. Las medidas son cosméticas, aisladas y pasajeras, mantienen el modelo implementado en 2006 que ahora son un fracaso, por el nivel de improvisación y desorientación, que genera incertidumbre y pérdida de credibilidad y confianza en el soberano, no tienen idea de enfrentar la grave crisis que empieza a profundizarse, creen que reactivar la demanda interna es solo con bonos que no garantiza la inyección de recursos al sector productivo y de servicios que puede generar empleos ya que con el COVID-19 más de 600.000 empleos fueron destruidos.

Es necesario que el gobierno priorice la inversión pública en sectores intensivos en mano de obra, en sectores productivos que son los que generan empleo y además es muy importante estimular las exportaciones no tradicionales con valor agregado, evitando la excesiva burocracia y una serie de trámites exigidos, finalmente debe mantener la salud del sistema financiero que administran el ahorro de todos los ciudadanos para evitar la corrida de los ahorros y no se convierta a Bolivia otra Venezuela, que restringen la obtención de los ahorros de los venezolanos, controlando su vida privada.

//*ANGÉLICA SILES PARRADO ES ABOGADA, EX ASAMBLEÍSTA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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